La Junta y los consumidores estudian llevar al Supremo el 'caso Opening'

La orden de la Audiencia de Sevilla de que el procedimiento judicial del caso Opening debe reiniciarse desde el principio ha caído como un jarro de agua fría en las asociaciones de consumidores y en la Junta. Ambas partes se reunieron ayer y anunciaron la posibilidad de llevar al Tribunal Supremo la decisión de la Audiencia, que consideró injustificada una demanda colectiva contra la academia de idiomas.

La directora general de Consumo, Elia Maldonado, se reunió ayer con representantes de las asociaciones de consumidores Facua, Al Andalus y Uce-Uca para estudiar las acciones que ...

La orden de la Audiencia de Sevilla de que el procedimiento judicial del caso Opening debe reiniciarse desde el principio ha caído como un jarro de agua fría en las asociaciones de consumidores y en la Junta. Ambas partes se reunieron ayer y anunciaron la posibilidad de llevar al Tribunal Supremo la decisión de la Audiencia, que consideró injustificada una demanda colectiva contra la academia de idiomas.

La directora general de Consumo, Elia Maldonado, se reunió ayer con representantes de las asociaciones de consumidores Facua, Al Andalus y Uce-Uca para estudiar las acciones que van a emprender tras la sentencia dictada por la Audiencia que obliga a reiniciar el caso opening por un procedimiento ordinario en el Juzgado de Primera Instancia 8 de Sevilla. Este juzgado concluyó que los bancos tenían que devolver los créditos que habían cobrado a los alumnos desde el cierre de la academia (julio de 2002).

Maldonado señaló que a finales de esta semana se decidirá si se opta por presentar un recurso de casación ante el Tribunal Supremo o acatar la sentencia y empezar todo el procedimiento de nuevo. Si optan por lo segundo, las asociaciones de consumidores tendrían que identificar uno por uno a todos los afectados dado que la Audiencia no ha aceptado una demanda colectiva en defensa de los consumidores.

Las organizaciones de consumidores se habían acogido a una figura creada tras la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil, intereses difusos y colectivos, que no identifica a los afectados, para, según Maldonado, ·conseguir una sentencia favorable para todo el mundo·.

La directora de Consumo señaló que hay cerca de 4.000 afectados identificados y que existen otros 6.000 que recibirían, en caso de volver a empezar el proceso, un llamamiento "a través de la prensa para que reclamen judicialmente y así poder identificarlos".

Maldonado declaró que, de momento, la Administración autonómica no prevé desembolsar más dinero en el proceso que el ya destinado, 30.000 euros, aún teniendo que volver a empezar desde cero. Recomendó a los estudiantes afectados que no paguen a los bancos hasta que no haya una "sentencia en firme".