La policía dice que su actuación en La Paz fue proporcionada y los golpeados denuncian racismo

El vestíbulo del hospital de La Paz se convirtió el martes pasado en un campo de batalla. Gritos y golpes se sucedían entre los familiares de un fallecido, de etnia gitana, y 20 policías antidisturbios, mientras el resto de los visitantes no salían de su asombro. "Nos han molido a palos. No hay derecho. Y lo hacen porque somos gitanos", asegura un hermano del fallecido, al que la reyerta le ha dejado seis puntos de sutura en la cara y un brazo en cabestrillo. "También pegaron a las mujeres", mantiene Memole, de 16 años, hija del fallecido. La policía dice que su actuación fue proporcionada a l...

El vestíbulo del hospital de La Paz se convirtió el martes pasado en un campo de batalla. Gritos y golpes se sucedían entre los familiares de un fallecido, de etnia gitana, y 20 policías antidisturbios, mientras el resto de los visitantes no salían de su asombro. "Nos han molido a palos. No hay derecho. Y lo hacen porque somos gitanos", asegura un hermano del fallecido, al que la reyerta le ha dejado seis puntos de sutura en la cara y un brazo en cabestrillo. "También pegaron a las mujeres", mantiene Memole, de 16 años, hija del fallecido. La policía dice que su actuación fue proporcionada a los hechos. Los agentes detuvieron al herido más grave, Ramón Maya, hermano del fallecido, por enfrentarse a ellos con una navaja.

El detenido, Ramón Maya López, de 45 años, permanecía ayer ingresado con un traumatismo craneoencefálico. ¿Qué ocurrió en La Paz el pasado martes, alrededor de las cinco de la tarde, para que tuvieran que intervenir los antidisturbios? "Pues que mi hermano, Justo Maya, murió allí, con 34 años", cuenta Miguel, de 41. Justo llevaba ingresado en la planta desde el 9 de diciembre, y el 7 de enero su estado se complicó tanto que le trasladaron a la UVI. "El médico nos llamó y subimos a la UVI unas ocho personas entre mis padres, yo y unos sobrinos. Con el dolor de perder a un ser querido rompimos un cristal de una puerta", reconoce Miguel. "Pero nada más", asegura. "Porque cada uno tiene una manera de expresar lo que tiene dentro", se excusa la mujer de Miguel, mientras mece a su pequeña de un mes. Abajo, en el vestíbulo esperaban 30 personas, según la familia Maya.

Controlar la situación

Al cabo del rato, los ánimos se calmaron un poco y decidieron bajar en el ascensor al vestíbulo para hablar con el resto de la familia. Eva, una amiga de la familia que estaba en la UVI en ese momento, cuenta: "Los familiares de Justo iban en un ascensor y yo con tres policías en el otro. Hablaban por el micrófono con los de abajo y decían que controlaran la situación. En ningún momento les ordenaron que pegaran a nadie".

"Se abrieron las puertas del ascensor y allí estaban. Los policías se pusieron a pegarnos, sin distinguir si había mujeres o niños", dice Miguel. "Yo gritaba: a mi padre no, que está enfermo. Y me llevé los palos yo", explica una hermana del fallecido. Para corroborar su versión se levanta el jersey y enseña los moratones que le ha dejado en la espalda un porrazo policial. Su hermano Miguel tiene las marcas más visibles: seis puntos de sutura en la frente y un brazo en cabestrillo.

Pero lo que más les duele es lo que los agentes policiales hicieron, según ellos, a Ramón, que permanece custodiado en La Paz hasta que le den el alta y se le pueda trasladar a dependencias policiales. "Le arrastraron cuando ya le tenían esposado, sangrando por la cabeza unos cincuenta metros. Está enfermo, no se le puede hacer eso", dicen indignados. "Ahora, esto no va a quedar así. Les voy a denunciar donde haga falta", asegura Miguel.

"Dicen que Ramón sacó una navaja. ¿Delante de todos los policías? No es posible, sería una locura", mantiene Miguel. En el Tanatorio Sur, los familiares que acudieron ayer a dar el último adiós a Justo asienten. Todos tienen el semblante serio, menos los niños que corretean de aquí para allá. La madre de Justo llora y no se explica cómo se han complicado de esta manera las cosas. Memole, la hija mayor del fallecido, que tenía otros cinco hijos más -el menor de un año-, también muestra las marcas que tiene en una pierna. "Me pegaron por defender a mi abuelo", dice indignada.

La Jefatura Superior de Policía mantiene que el detenido esgrimió un arma blanca y apuntó al abdomen de un agente. Al reducir al agresor, éste cayó al suelo y se golpeó con un mueble del vestíbulo en la cabeza, lo que le produjo el traumatismo craneoencefálico. Ramón cuenta con 27 antecedentes policiales, por robo con fuerza o con violencia y tenencia ilícita de armas. Además tiene una orden de ingreso en prisión dictada por un juzgado de Palma de Mallorca, en marzo del año pasado. De momento, permanece en observación en La Paz, con custodia policial. Está acusado de los delitos de daños y atentado grave a la autoridad.

Fuera de control

La policía relata que miembros de la familia Maya, al saber que Justo había fallecido, protagonizaron graves altercados a la puerta de la UVI. Estas personas pretendían llevarse el cadáver del hospital. "Los parientes rompieron cristales, enseres, mobiliario y provocaron altercados con el personal sanitario", dicen fuentes policiales. Los facultativos, al ver que la situación se desbordaba, avisaron al servicio de seguridad del centro, pero éste se vio superado por lo numeroso del grupo y su agresividad.

Entonces los responsables de La Paz decidieron avisar a la policía. Llegaron al centro agentes de la comisaría de Fuencarral-El Pardo, que, ante el cariz que tomaba la situación, requirieron a la Unidad de Intervención Policial (antidisturbios). Según las mismas fuentes, los agentes intentaron calmar los ánimos de los parientes del enfermo recién fallecido, pero éstos continuaban rompiendo muebles y enseres. Ante esta situación, los antidisturbios emplearon "la mínima fuerza imprescindible e hicieron uso de los medios legales y reglamentarios para asegurar la integridad física de los propios agentes y de terceras personas", según fuentes policiales.

El consejero de Sanidad, Manuel Lamela, aseguró que estas situaciones son excepcionales y que sólo suelen producirse en momentos de tensión ante la pérdida de un ser querido. "Pero", aseguró, "en modo alguno estas razones pueden justificar el empleo de la violencia". También recordó que su departamento trabaja en un protocolo de seguridad ante posibles agresiones a los profesionales sanitarios, que supondrá una inversión de nueve millones de euros, entre 2004 y 2006.