Para que la verdad pase al ataque
La media del salario de los nuevos empleos creados en Estados Unidos en 2001 fue de 43.629 dólares anuales. Los creados en 2003 recibieron sueldos mucho peores: 35.855 dólares de promedio. El cálculo lo hace cada año la Conferencia Norteamericana de Alcaldes (www.usmayors.org), algo así como la Federación Española de Municipios y Provincias (www.femp.es) por cuya presidencia tanto se pelean aquí los partidos políticos. En España, la FEMP no hace estudios ni remotamente parecidos y la verdad es que el dato de los salarios no se puede obtener fácilmente en ninguno de los organismos oficiales del...
La media del salario de los nuevos empleos creados en Estados Unidos en 2001 fue de 43.629 dólares anuales. Los creados en 2003 recibieron sueldos mucho peores: 35.855 dólares de promedio. El cálculo lo hace cada año la Conferencia Norteamericana de Alcaldes (www.usmayors.org), algo así como la Federación Española de Municipios y Provincias (www.femp.es) por cuya presidencia tanto se pelean aquí los partidos políticos. En España, la FEMP no hace estudios ni remotamente parecidos y la verdad es que el dato de los salarios no se puede obtener fácilmente en ninguno de los organismos oficiales del país. Pero, ¿verdad que a todos nos interesaría saber cuál es la evolución del sueldo medio de los nuevos empleos? Quizás, quien sabe, los nuevos puestos de trabajo estén llegando a niveles vergonzosos de explotación...
Una de las primeras cosas que haría falta en este país sería una organización como la que creó el pasado otoño en Washington John Podesta, el antiguo jefe de gabinete de Bill Clinton. Se llama Center for American Progress (www.americanprogress.org) y refleja el estado de ánimo de algunos analistas norteamericanos, hartos de oír cosas que no son ciertas. Así que la American Progress tiene una página que se llama "Afirmaciones versus hechos" en la que sistemáticamente recoje lo que dice el Gobierno Bush y lo confronta con la realidad.
Se trata, dice, de corregir "distorsiones". Y cada "distorsión" es corregida no mediante otras afirmaciones o acusaciones sino mediante un enlace que lleva al organismo oficial o centro de estudios que dispone del dato real. Así, cuando el balance de la Casa Blanca habla de los "resultados positivos del liderazgo económico del presidente Bush", la web remite a seis centros oficiales en los que se demuestra el efecto de esa política en el ciudadano medio. Un verdadero placer informativo...
En España algo parecido sería muy difícil. Para empezar porque, en la mayoría de los casos, no hay forma de acceder a esos datos reales. Aquí siempre ha sido mucho más fácil para los periodistas, y mucho más barato para sus empresas, saber con quién se acuesta un personaje público que averiguar cuántos detenidos hay un día determinado en una comisaría. Intentar que la Administración facilite el sueldo medio de los nuevos empleos es mucho más difícil que conseguir saber dónde cena el Príncipe de Asturias. (¿Es esa una de las razones por las que prospera la prensa basura y cada vez hay menos periodismo ajustado a la verdad y al interés público?).
Quizás el remedio para conseguir Gobiernos menos dados a la distorsión, y medios de comunicación menos dados a la fantasía, esté en una ley como la que incluye el nuevo programa socialista. El PSOE, que nunca se distinguió durante su etapa en el poder por creer en la transparencia como un derecho de los ciudadanos, parece ahora haber recapacitado, en la oposición, y ha preparado una Ley sobre la Libre Información que debería ser una reclamación unánime de todos los periodistas de este país, ideologías al margen.
El texto, elaborado por el constitucionalista y diputado Diego López Garrido, será debatido en la conferencia del próximo día 17 y obligaría a todas las administraciones -central, autonómica o municipal- a facilitar el libre acceso de los ciudadanos y de los medios de comunicación a toda información y documento que obre en su poder, con la excepción de aquellos sometidos a la ley de protección de datos (privacidad) o de secretos oficiales (seguridad nacional). Mejor aún, para garantizar la eficacia de la ley, se crearía una autoridad independiente, nombrada por el Parlamento, ante la que se podrían presentar recursos y que tendría capacidad ejecutiva para obligar a entregar esos datos o documentos.
La ley la propone el PSOE, pero los periodistas deberíamos pedir que figurara en los programas electorales de todos los partidos políticos de cara a las elecciones de marzo. Y ya puestos a pedir, rogar que alguien ponga en marcha pronto la versión española de "Afirmaciones versus hechos". Para que la verdad deje de defenderse y pase al ataque, como decía Brecht.
solg@elpais.es.