El Consell no tiene lista aún la ley de ayudas a los más pobres que prometió para 2003
La Consejería de Bienestar Social asegura que están trabajando en el proyecto
El anterior consejero de Bienestar Social, Rafael Blasco, se comprometió a sustituir las ayudas a los más pobres por una ley que garantizara su derecho a tener unos ingresos mínimos y a hacerlo antes de enero de este año. El documento estaba perfilado antes de verano pero el cambio en el departamento congeló el proyecto. Alicia de Miguel no ha cumplido aún la promesa de su antecesor aunque fuentes de la consejería señalan que se está trabajando en la ley.
Rafael Blasco incluyó el compromiso de la elaboración de la ley de rentas mínimas tanto en el Plan Integral de la Familia como...
El anterior consejero de Bienestar Social, Rafael Blasco, se comprometió a sustituir las ayudas a los más pobres por una ley que garantizara su derecho a tener unos ingresos mínimos y a hacerlo antes de enero de este año. El documento estaba perfilado antes de verano pero el cambio en el departamento congeló el proyecto. Alicia de Miguel no ha cumplido aún la promesa de su antecesor aunque fuentes de la consejería señalan que se está trabajando en la ley.
Rafael Blasco incluyó el compromiso de la elaboración de la ley de rentas mínimas tanto en el Plan Integral de la Familia como en el Pacto Valenciano por el Crecimiento del Empleo (Pavace). En ambos casos sostuvo la promesa de tenerla preparada para antes de 2004, como también lo hizo en encuentros mantenidos ante representantes sindicales, según confirman a este diario. Tras el relevo en el departamento, en junio del año pasado, ante las reclamaciones de los sindicatos de la urgencia de poner en marcha la ley, fuentes de la Consejería de Bienestar Social comentaron que se estaba estudiando y retomando el proyecto. Las mismas fuentes señalaron que la ley era un compromiso adquirido por Rafael Blasco, por lo que en las previsiones de su sucesora estaba continuar por la senda marcada por su predecesor. Sin embargo, ha pasado el plazo fijado por el entonces consejero -ahora responsable del Territorio y Vivienda- y no se ha elaborado la ley, un hecho que no ha pasado inadvertido a los sindicatos.
Neus Carrasco, responsable de política social de CC OO, recuerda hasta cuatro ocasiones en las que, a título individual o junto a otras entidades, se han dirigido a Alicia de Miguel para interesarse por el proyecto. La primera fue una carta remitida tras la toma de posesión de la consejera, luego en el consejo de Bienestar Social, más tarde en una entrevista entre el sindicato y la consejera y, finalmente, antes de Navidad, en otra misiva enviada desde CC OO. Carrasco recuerda que en la reunión del primer consejo de Bienestar Social -el organismo consultivo del departamento- que presidió De Miguel en septiembre, en la que presentó las directrices del departamento, la consejera no aludió a la ley y sólo mostró su compromiso de seguir con el proyecto tras las preguntas de los sindicatos al respecto. Pese a los encuentros y las repetidas reclamaciones, Bienestar Social apenas señala que se está trabajando en la ley, pero no ha trascendido ningún documento de trabajo. Y ello a pesar de que antes de verano existía un anteproyecto de ley muy avanzado en el que estaban consensuados los aspectos básicos con los sindicatos y que el anuncio de la redacción del texto se remonta a septiembre de 2002.
Entre los aspectos básicos acordados con los representantes sindicales se establecía que la ley consagraría el derecho de acceder a las prestaciones a quienes cumplieran los requisitos que se establecieran. Éstas serían de carácter económico -un sueldo mínimo para garantizar la subsistencia de personas sin recursos- pero también formativas, destinadas a permitir la inserción social de estas personas. El objetivo era evitar que las ayudas tuvieran la volatilidad e incertidumbre actual, ya que van ligadas a las posibilidades presupuestarias, y consolidarlas como un derecho de carácter universal.
El incumplimiento de la fecha pactada para la elaboración de la ley se produce después de un año "desastroso", según admiten fuentes del sector, en las prestaciones económicas regladas (PER) -las ayudas actuales destinadas a desaparecer cuando entre en vigor la futura ley-. La falta de presupuesto ha hecho que decenas de familias hayan dejado de percibir las ayudas durante meses por falta de fondos en Bienestar Social, que tuvo que habilitar una partida extraordinaria. Pese a ello, el presupuesto para este año es similar al de 2003. En diciembre aún había familias valencianas que no habían cobrado las ayudas -unos 350 euros mensuales- desde julio. Ante estos problemas, el responsable del PSPV. Joan Ignasi Pla, solicitó recientemente un encuentro con el presidente del Consell, Francisco Camps.
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