El Parlamento apoya a Atutxa por negarse a disolver a Batasuna

El Parlamento vasco respaldó ayer la decisión de su presidente, Juan María Atutxa, de no disolver el grupo de la antigua Batasuna y compartió simbólicamente su responsabilidad ofreciendo el amparo a los tres miembros de la Mesa procesados por desobediencia al Tribunal Supremo. La propuesta fue aprobada por el PNV, EA, IU, y Sozialista Abertzaleak (SA), aunque sus votos no eran necesarios. El PSE votó en contra y el PP se ausentó por la sanción a Iturgaiz.

El Parlamento se solidariza con su presidente, Juan María Atutxa (PNV), con el vicepresidente primero, Gorka Knörr (EA), y con la sec...

El Parlamento vasco respaldó ayer la decisión de su presidente, Juan María Atutxa, de no disolver el grupo de la antigua Batasuna y compartió simbólicamente su responsabilidad ofreciendo el amparo a los tres miembros de la Mesa procesados por desobediencia al Tribunal Supremo. La propuesta fue aprobada por el PNV, EA, IU, y Sozialista Abertzaleak (SA), aunque sus votos no eran necesarios. El PSE votó en contra y el PP se ausentó por la sanción a Iturgaiz.

El Parlamento se solidariza con su presidente, Juan María Atutxa (PNV), con el vicepresidente primero, Gorka Knörr (EA), y con la secretaria segunda, Kontxi Bilbao (IU), quienes el pasado día 3 de diciembre declararon como imputados por un presunto delito de desobediencia al Tribunal Supremo, al no acatar el auto de disolución del grupo parlamentario radical, dictado el 20 de mayo.

La juez instructora del caso, Nekane Bolado, ha citado a declarar el próximo 28 de enero como testigos a los otros dos miembros de la Mesa, al socialista Manolo Huertas y al popular Carmelo Barrio, partidarios de la disolución.

La proposición aprobada tiene un carácter simbólico de apoyo a los procesados ya que carece de efectos prácticos. Esta semana será comunicada en su integridad a los máximos representantes de las instituciones vascas, españolas y europeas, con el objetivo de difundir al máximo la tesis de que el Tribunal Supremo no es competente para juzgar actos propios del procedimiento legislativo.

Los nacionalistas e IU confian en que la juez adopte los criterios del fiscal general del Estado, Jesús Cardenal, quien en un informe de 28 de noviembre de 2002 no estimó procedente iniciar acciones penales contra el grupo parlamentario al establecer la diferencia jurídica entre partido y grupo. La magistrada ha solicitado este informe al juez Baltasar Garzón.

El debate parlamentario se desarrolló en ausencia de los 19 diputados del PP, que abandonaron el hemiciclo en protesta por la sanción de un mes impuesta por la mañana al presidente del PP, Carlos Iturgaiz. El pleno, celebrado a puerta cerrada, suspendió del cargo de parlamentario a Iturgaiz, por haber activado dos veces los botones del escaño de Jaime Mayor Oreja, con los votos a favor del tripartito y de SA (41), y en contra del PSE (13). Es la segunda sanción en importancia tras la de tres meses de suspensión impuesta al diputado de Batasuna Mikel Zubimendi por echar cal al escaño del socialista Ramón Jáuregui.

Mayor Oreja consideró la sanción la decisión "más grave de la vida parlamentaria de la democracia" porque ha supuesto "un juicio sumarísimo" en el que "Batasuna y ETA" han sido los jueces, dado que hacía falta mayoría absoluta para aprobarla. El líder del PP, Mariano Rajoy, calificó la medida de "antidemocrática e injusta" y añadió que el PNV se apoya en un partido (SA) que según los tribunales españoles y europeos es ETA. Para el portavoz del PSE en la Cámara, Rodolfo Ares, los parlamentarios del tripartito "han sancionado con los votos de unos parlamentarios totalitarios [SA] a un parlamentario demócrata por mucho que su comportamiento sea censurable".

La sanción, recurrida en amparo al Tribunal Constitucional por el PP, equilibra un poco más la relación de fuerzas entre Gobierno y oposición de cara al pleno de presupuestos del próximo lunes ya que a la forzada ausencia de Iturgaiz se suma la del huido de la Justicia Josu Urrutikoetxea, es decir, 37 miembros de la oposición y 36 del Gobierno. Manos Limpias presentó ante el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco un recurso de súplica ante su negativa a suspender el plan Ibarretxe.