Travestismo sectario
La Constitución de Cádiz ha sido una constitución sumamente polémica a lo largo de toda nuestra historia política y constitucional. Fue anulada por Fernando VII en dos ocasiones, en 1814, en el mismo momento en que volvió a poner los pies en la Península, y en 1823, tras la liquidación del Trienio Liberal con la ayuda de las tropas francesas. Fue restaurada en 1836 con el Motín de la Granja y en dicha restauración está el origen de la legitimidad de la Constitución progresista de 1837, que descansa expresamente en el principio de soberanía nacional que se había formulado por primera vez en el ...
La Constitución de Cádiz ha sido una constitución sumamente polémica a lo largo de toda nuestra historia política y constitucional. Fue anulada por Fernando VII en dos ocasiones, en 1814, en el mismo momento en que volvió a poner los pies en la Península, y en 1823, tras la liquidación del Trienio Liberal con la ayuda de las tropas francesas. Fue restaurada en 1836 con el Motín de la Granja y en dicha restauración está el origen de la legitimidad de la Constitución progresista de 1837, que descansa expresamente en el principio de soberanía nacional que se había formulado por primera vez en el artículo 3 de la Constitución gaditana. Así lo reconoce de manera explícita el Dictamen de la Comisión Constitucional de 1837 encargada de la redacción del texto.
Frente a la voluntad de inclusión de la Constitución de 1978, se está imponiendo una voluntad de exclusión
La referencia a la Constitución de 1812 desaparece en la Constitución de 1845, que rechaza el principio de soberanía nacional y hace descansar en el principio monárquico constitucional el sistema político. Vuelve a aparecer la referencia a la Constitución de Cádiz con La Gloriosa y de manera de nuevo expresa en la Constitución de 1869, una de las constituciones más avanzadas del siglo en todo el continente europeo. El constituyente de 1869 también hace arrancar la legitimidad de su obra constituyente del impulso gaditano y de su referencia a la soberanía nacional. Desaparece de nuevo la referencia a la Constitución de Cádiz en 1876, en la Constitución de La Restauración, que retorna al principio monárquico constitucional. Vuelve a resonar en 1931 y vuelve a desaparecer con el triunfo de los sublevados en la guerra civil.
Ha sido en nuestro último ciclo constitucional, el que se inicia tras la muerte del general Franco y se institucionaliza con la Constitución de 1978, cuando por primera vez la Constitución de Cádiz no ha sido objeto de polémica. Es una de las consecuencias del consenso que presidió el proceso de elaboración de nuestra constitución actualmente vigente.
Me parece que es oportuno recordar esta trayectoria de la Constitución de Cádiz en una semana como ésta, en la que se le acaba de organizar un acto de homenaje por el Ayuntamiento de la ciudad que no puede estar más en contradicción tanto con lo que ha significado esa constitución a lo largo de nuestra historia, como con la forma en que se la incorporó a la Constitución de 1978.
Ha sido un acto de travestismo político. Podría no haberlo sido, pero lo ha sido. Todo el mundo tiene derecho a rectificar y está bien que así ocurra. Pero lo que no es aceptable es que se excluya del homenaje a quienes no tienen nada que rectificar y que se utilice el acto de homenaje para anatematizarlos.
No hay la más mínima línea de continuidad entre 1812, 1837, 1869 y 1931 y el PP. La continuidad con el PP se expresa a través de Fernando VII, 1846, 1876 y las Leyes Fundamentales de Franco. Esta continuidad fue muy visible incluso en los primeros años de la transición tras la muerte del general Franco, como ponen de manifiesto los artículos que publicó José María Aznar en contra de la Constitución de 1978, en los que justificó la abstención en el referéndum de ratificación de la misma. Ese fue el ambiente, dicho sea de paso, en el que se fraguó el golpe de Estado del 23-F.
Está bien que se rectifique. Pero no que se haga de manera sectaria. La Constitución de Cádiz ha dejado de ser polémica por el consenso constitucional de 1978. Hasta ese momento la derecha española estuvo siempre en contra de lo que Cádiz significó. Ha sido la ausencia de sectarismo de nuestro último proceso constituyente lo que ha permitido que la Constitución de Cádiz sea aceptada de manera pacífica por todos.
Y así es como debe seguir. Un acto de homenaje a la Constitución de Cádiz no debe ser en ningún caso un acto excluyente. Ni de lo que significó Cádiz ni de lo que significa 1978, que es lo que ha hecho posible que todos los españoles pudiéramos reconciliarnos con ese momento de nuestra historia.
Todo lo contrario de lo que se ha hecho esta semana. Ha sido un acto de travestismo sectario. En la forma y en el fondo.
No solamente se ha falsificado la historia del momento constituyente gaditano, sino que se ha falsificado también el momento constituyente de 1978. Una celebración de Cádiz no puede hacerse en este momento sin tener en cuenta que una de las decisiones políticas fundamentales de la Constitución de 1978, tal vez la más decisiva en la consecución del consenso en torno a la misma, fue la relativa a la descentralización política del Estado.
No puede hacerse una celebración de Cádiz prescindiendo de la existencia de las comunidades autónomas, sin las cuales el Estado español no tendría en este momento el grado de legitimidad que tiene y que es el mayor de toda nuestra historia.
La exclusión de la Junta de Andalucía del acto de homenaje, simplemente porque el presidente de la misma es un socialista, no es una anécdota. Frente a la voluntad de inclusión que presidió el proceso de elaboración de la Constitución de 1978, se está imponiendo una voluntad de exclusión, que se está traduciendo incluso en la restauración de la amenaza de cárcel para los adversarios políticos.
Eso es lo que ha escenificado de manera prácticamente insuperable el acto celebrado en el Ayuntamiento de Cádiz esta semana que, no por casualidad, coincidió con el plante de todos los partidos de la oposición en el Congreso de los Diputados en la votación de la reforma del Código Penal con la que se amenaza con la cárcel al lehendakari Juan José Ibarretxe.