Atutxa, juez de línea

El Gobierno que preside Ibarretxe no tiene mayoría absoluta, pero pretende actuar como si la tuviera; para ello cuenta con la ayuda del presidente del Parlamento vasco, Juan María Atutxa, que no dirige los debates como árbitro imparcial, sino como juez de parte: en defensa de la línea marcada en cada momento por su partido. Ayer expulsó al portavoz socialista por su insistencia en recordarle que estaba aplicando el reglamento de manera interesada. Esa forma de zanjar discusiones parlamentarias a la tremenda es coherente con su manera autoritaria de interpretar el reglamento, siempre a favor de...

El Gobierno que preside Ibarretxe no tiene mayoría absoluta, pero pretende actuar como si la tuviera; para ello cuenta con la ayuda del presidente del Parlamento vasco, Juan María Atutxa, que no dirige los debates como árbitro imparcial, sino como juez de parte: en defensa de la línea marcada en cada momento por su partido. Ayer expulsó al portavoz socialista por su insistencia en recordarle que estaba aplicando el reglamento de manera interesada. Esa forma de zanjar discusiones parlamentarias a la tremenda es coherente con su manera autoritaria de interpretar el reglamento, siempre a favor de su partido, pero incongruente con su papel institucional. La bronca de ayer se inició por la decisión de Atutxa de hacer votar por separado las enmiendas a la totalidad (presentadas por PP y PSE) de un proyecto de ley sobre transporte. El reglamento establece que, "concluido el debate, se someterá a votación la devolución o no del proyecto y, en su caso, la adopción del texto alternativo". Ese precepto ha venido interpretándose en el sentido de considerar que no prosperaba todo proyecto que en trámite de enmienda a la totalidad recogiera más votos en favor de su devolución al Gobierno que de seguir su tramitación, siendo a tal efecto indiferente que los argumentos de quienes se oponen sean o no coincidentes. Así se ha entendido incluso después de que Atutxa lo modificase en una ocasión concreta: la votación de los Presupuestos para 2002. Ahora dice que, por coherencia, esa interpretación será en adelante la única válida, y que lo ha decidido en aplicación de su facultad para "ordenar los debates y las votaciones" en aras de la "mayor claridad en la confrontación política".

El criterio de la claridad política puede ser tenido en cuenta, pero no hasta el punto de desvirtuar la lógica del sistema parlamentario: la que obliga a todo Gobierno sin mayoría a

recabar los apoyos externos necesarios, negociando con la oposición. Lo que ya es abuso de poder es que, ante la incapacidad del tripartito de Ibarretxe para conseguir esos apoyos, el árbitro parlamentario varíe las reglas de juego a favor de su equipo favorito, y resulta patético que justifique esa parcialidad con el argumento de que su partido "ganó las elecciones".