Paga única, rebaja fiscal o tarjeta de consumo

El Gobierno socialista de la Junta de Andalucía comenzó en 1999 a complementar las pensiones no contributivas. Ese año se concedió una paga única anual de 56,4 euros para 99.899 personas. Desde entonces, ha aplicado esa ayuda cada año, y para 2004 ha presupuestado una ayuda única extraordinaria de 75,26 euros para las 111.000 personas que viven de esas pensiones. Asimismo, para el próximo ejercicio, el Ejecutivo autónomo ha previsto completar las pensiones de viudedad (150.000 personas) con 112 euros.

Una medida similar se aplica desde el pasado año en Cataluña. La General...

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El Gobierno socialista de la Junta de Andalucía comenzó en 1999 a complementar las pensiones no contributivas. Ese año se concedió una paga única anual de 56,4 euros para 99.899 personas. Desde entonces, ha aplicado esa ayuda cada año, y para 2004 ha presupuestado una ayuda única extraordinaria de 75,26 euros para las 111.000 personas que viven de esas pensiones. Asimismo, para el próximo ejercicio, el Ejecutivo autónomo ha previsto completar las pensiones de viudedad (150.000 personas) con 112 euros.

Una medida similar se aplica desde el pasado año en Cataluña. La Generalitat concede a las personas viudas un complemento a su pensión de 289 euros anuales, en una única paga, si tienen ingresos inferiores a los 7.213 euros. Las personas que cobran una pensión no contributiva también perciben cada cuatro años una paga para compensar el diferencial del IPC en Cataluña con el del resto de España.

Más información

En Álava, los perceptores de pensiones no contributivas reciben un complemento desde el pasado año, gracias a un acuerdo entre socialistas y el PP, partido que gobierna en la Diputación Foral.

En Navarra, la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos de la comunidad para 2004, que el Parlamento foral debatirá en diciembre, equiparará todas las pensiones de viudedad al salario mínimo interprofesional (SMI) mediante el sistema de deducciones fiscales. En principio se pensó en crear ayudas directas, pero el Gobierno central recurrió al Constitucional y finalmente el Ejecutivo navarro -una coalición de Unión del Pueblo Navarro (la marca del PP en esa comunidad) y Convergencia de Demócratas de Navarra- optó por la rebaja fiscal.

También el anterior Gobierno de Baleares -una coalición de izquierdas y nacionalistas- pagó primero una ayuda directa de 180 euros al año a unos 7.000 ciudadanos, que en 2002 y 2003 sustituyó por una tarjeta de consumo, cargada con la misma cantidad, que ha mantenido el actual Ejecutivo autónomo del PP.

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