Un ex edil popular de Málaga se enfrenta a una petición de 4 años de cárcel
El que fuera concejal de Urbanismo de Málaga hasta las pasadas elecciones municipales de mayo, Manuel Ramos, del Partido Popular (PP), se sentará a partir de hoy en el banquillo de los acusados de la Audiencia Provincial para ser procesado por los presuntos delitos de infidelidad en la custodia de documento público y tráfico de influencia.
La vista comenzó ayer con la elección del jurado popular que dictará sentencia y hoy está previsto que el ex concejal preste declaración sobre si ocultó y retuvo o no de forma intencionada mandamientos judiciales de embargo contra su nómina remitidos ...
El que fuera concejal de Urbanismo de Málaga hasta las pasadas elecciones municipales de mayo, Manuel Ramos, del Partido Popular (PP), se sentará a partir de hoy en el banquillo de los acusados de la Audiencia Provincial para ser procesado por los presuntos delitos de infidelidad en la custodia de documento público y tráfico de influencia.
La vista comenzó ayer con la elección del jurado popular que dictará sentencia y hoy está previsto que el ex concejal preste declaración sobre si ocultó y retuvo o no de forma intencionada mandamientos judiciales de embargo contra su nómina remitidos por un juez al departamento municipal que que él mismo dirigía.
Los hechos se remontan a antes de que Ramos fuera elegido concejal, en junio de 1999, cuando ocupaba la dirección del área de Bienestar Social del consistorio. Según consta en el sumario, hasta en dos ocasiones un juez envió a este departamento dos órdenes de embargo de la nómina de Ramos que nunca llegaron a ejecutarse porque los mandamientos no fueron tramitados.
Ramos alegó en su defensa ante el juez instructor que informaron al juzgado de que esas órdenes debían remitirlas al departamento de Tesorería del consistorio.
Ramos está acusado de un presunto delito de infidelidad en la custodia de documento público por el que la fiscalía solicita 18 meses de prisión y cuatro años de inhabilitación. La acusación particular que ejerce el PSOE, formación que puso la denuncia judicial que ha dado origen a este juicio, acusa también al ex concejal popular de tráfico de influencias pues sostiene que Manuel Ramos se valió del puesto de responsabilidad que ocupaba para evitar el embargo. Por ello pide un año de prisión, más otros tres por infidelidad en la custodia de documento.
También está acusado el funcionario Francisco Vega, para quien ambas acusaciones piden un año de prisión por infidelidad en la custodia de documento.