Una hoja de ruta frágil e incierta

La hoja de ruta de nuestro sistema público de pensiones ha sido acordada mayoritariamente por nuestra representación política, que la ha defendido como "una garantía de viabilidad y sostenibilidad" de nuestra Seguridad Social (SS) pública. La renovación política del Pacto de Toledo se tenía que haber hecho a comienzos del año 2001, pero el acuerdo social entre el Gobierno, CC OO y CEOE-CEPYME la hizo innecesaria. Un mal servicio al diálogo social y a la ciudadanía.

Tengo serias dudas acerca de la utilidad práctica de las recomendaciones acordadas para afrontar, con rigor y eficac...

La hoja de ruta de nuestro sistema público de pensiones ha sido acordada mayoritariamente por nuestra representación política, que la ha defendido como "una garantía de viabilidad y sostenibilidad" de nuestra Seguridad Social (SS) pública. La renovación política del Pacto de Toledo se tenía que haber hecho a comienzos del año 2001, pero el acuerdo social entre el Gobierno, CC OO y CEOE-CEPYME la hizo innecesaria. Un mal servicio al diálogo social y a la ciudadanía.

Tengo serias dudas acerca de la utilidad práctica de las recomendaciones acordadas para afrontar, con rigor y eficacia, la mejora de nuestras pensiones y el conjunto de prestaciones sociales de la Seguridad Social. En primer lugar, muchas de las 22 recomendaciones son genéricas y, en ciertos aspectos, pueden interpretarse, desarrollarse, aplicarse y concretarse por el Gobierno correspondiente de formas muy distintas. Esto provoca incertidumbre y fragilidad en lugar de seguridad, convirtiendo la acción política en barra libre salvo que se produzca un acuerdo social. En los grupos políticos ha primado más el deseo de alcanzar el acuerdo que la claridad y concreción de las recomendaciones propuestas.

La organización del sistema de pensiones es una opción fundamental del modelo de sociedad

La aportación del Estado a la financiación de la Seguridad Social y el Inem sigue reduciéndose

En segundo lugar, los grupos se comprometen a evitar la utilización de las pensiones con fines electoralistas y partidistas. Sin embargo, conviene recordar que el año pasado el Gobierno se ha gastado más de siete millones de euros en hacerse publicidad con la revalorización de las pensiones, cuando está obligado por ley. Y el mismo día de la aprobación de las recomendaciones en el Congreso, el ministro de Trabajo se apropia del consenso político para presentarlo como la confirmación de la "acertada política social practicada por el Gobierno", por no hablar de la declaración del candidato del PP de que "no es una ley de obligado cumplimiento". Esto es un fraude social y político ¿Es que existe un pensamiento único de pensiones? No podemos olvidar que la organización del sistema de pensiones es una opción fundamental del modelo de sociedad, salvo que caigamos en un determinismo economicista, expresión del pensamiento único neoliberal, haciendo de las pensiones una opción económica antes que una elección social y política.

No se puede desligar las pensiones del crecimiento económico, de la oferta de puestos de trabajo -sobre todo de buenos puestos de trabajo-, del aumento paulatino de los salarios como consecuencia del aumento de la productividad laboral y, sobre todo, de la dosis de solidaridad y de la voluntad política de redistribución, que una ciudadanía está dispuesta a sufragar. Sustraer este debate es negar en la práctica el debate político de modelos de sociedad, de izquierda y derecha.

Entrando en análisis y balance de las recomendaciones acordadas, hay que resaltar algunas medidas positivas, siempre que se materialicen. Por ejemplo, la necesaria financiación con recursos públicos de los complementos de mínimos, en un plazo de cinco años, o que el fondo de reserva no tenga límite o que las bonificaciones en las cotizaciones deban financiarse con cargo a la fiscalidad general. Es significativo que estas recomendaciones deslegitiman lo pactado en el acuerdo social de 2001, que contemplaba de modo claramente injustificable un período de 12 años para la financiación completa de los complementos de mínimos. Esto ha posibilitado reformas fiscales regresivas y bonificaciones a las empresas con cargo a los presupuestos del Inem. Sobre esto último bastan unos datos: en 1996, las bonificaciones a las empresas con cargo a los presupuestos del Inem supusieron 303 millones de euros. En el proyecto de Presupuestos de 2004 esta partida asciende a 2.270 millones de euros. Con esto se demuestra que, desde la vigencia del Pacto de Toledo, aquellas bonificaciones que debían financiarse mediante recursos fiscales no sólo se siguen financiando mediante cuotas, sino que además se ha multiplicado por 7,5. De 1999 a 2002 el excedente de la SS ha sido de 16.685 millones de euros, destinándose únicamente el 56% al fondo de reserva. ¿Y el resto? Una oportunidad perdida para dignificar las pensiones de miseria.

Lo mismo se puede afirmar respecto de la recomendación de que los complementos de mínimos se financien cuanto antes con recursos públicos, ya que en los Presupuestos de 2004 las aportaciones públicas ni siquiera supondrán las tres doceavas partes del importe del complemento de mínimos. Se puede afirmar que, al tercer año de vigencia del acuerdo de 2001, las aportaciones públicas, de seguir a ese ritmo, ni siquiera completarían la financiación de los complementos de mínimos en 12 años.

Otra novedad importante es la petición de que se clarifique, "a la mayor brevedad", el balance económico patrimonial entre el Estado y la Seguridad Social en lo que se refiere al problema de los préstamos, que suponen un importe de más de 2,7 billones de las antiguas pesetas. El 7 de octubre, el CES español dictaminó la cancelación inmediata de dichos préstamos, con un posterior voto particular en contra de CC OO y CEOE, organizaciones que coinciden con la posición del Gobierno de ampliar su devolución hasta 2012. La discusión de fondo es considerar o no la SS como una caja aparte del Estado, que profundiza en una concepción más de Estado liberal que de Estado social y que aplica progresivamente, a un sistema de reparto y de solidaridad, criterios propios de una concepción liberal, copiados e imitados de las entidades financieras y de los sistemas de capitalización.

Las recomendaciones más peligrosas y preocupantes son las de reforzamiento del principio de contributividad para lograr "una mayor proporcionalidad entre las pensiones y el esfuerzo de cotización realizado", en línea con lo que se ha venido haciendo en los últimos años, y avanzar en la jubilación flexible y gradual. La ampliación del período de cálculo produciría un recorte de la pensión inicial y una reducción media de las pensiones, "elemento básico para preservar el equilibrio financiero" según el acuerdo. Esto facilita la extensión de los sistemas privados complementarios de pensiones. Así, el sistema no es ni más justo ni más barato ni más seguro, sino que los dineros públicos se reducen y se complementan con los ahorros invertidos en los sistemas financieros. Hay que añadir el enorme gasto fiscal dedicado por el Gobierno a favorecer los fondos privados, que en 2003 suponen no menos de 1.200 millones de euros, más del doble de lo que el Estado dedica a financiar en ese año los complementos de mínimos de las pensiones públicas. La aportación del Estado a la financiación de la SS y el Inem ha pasado del 5,5% del PIB al 4,8% en 2001 y sigue reduciéndose. Lo más grave es que la noción de contributividad erosione la solidaridad y la redistribución, bases de los sistemas de reparto.

No se puede aislar el debate de pensiones de la desconvergencia social de España respecto de la UE. Los últimos datos aportados por el Ministerio de Trabajo constatan que el gasto social, globalmente considerado, ha pasado del 21, 92% del PIB en 1996 al 20% en 2001 (una reducción de 2,1 billones de las antiguas pesetas). La renovación del Pacto de Toledo no puede ser utilizado por los partidos políticos para eludir su obligación de hacer propuestas claras y concretas, ante los electores, sobre la fórmula de cálculo de las pensiones, la ampliación de la edad de jubilación, la contribución de las arcas públicas a la solidaridad, la mejora de la protección familiar, la equiparación de todas las pensiones con el salario mínimo y la necesidad de compromisos concretos para mejorar la protección y converger socialmente con Europa.

Carlos Trevilla es representante de UGT en el CES vasco.