¿Inversores protegidos?
La nueva Ley de Instituciones de Inversión Colectiva (IIC) persigue, entre otros objetivos, el reforzamiento de la protección de los inversores, objetivo cada vez más relevante en la regulación financiera actual. El camino para alcanzar dicho objetivo pasa por incrementar la transparencia de las Sociedades Gestoras de IIC (SGIIC), y no tanto por restringir las posibilidades de inversión de las IIC.
En la práctica, la nueva ley lo que ha hecho es incrementar el número de informes que las SGIIC deben enviar a la CNMV sobre las IIC que gestionan, pero la obligatoriedad de la información qu...
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La nueva Ley de Instituciones de Inversión Colectiva (IIC) persigue, entre otros objetivos, el reforzamiento de la protección de los inversores, objetivo cada vez más relevante en la regulación financiera actual. El camino para alcanzar dicho objetivo pasa por incrementar la transparencia de las Sociedades Gestoras de IIC (SGIIC), y no tanto por restringir las posibilidades de inversión de las IIC.
En la práctica, la nueva ley lo que ha hecho es incrementar el número de informes que las SGIIC deben enviar a la CNMV sobre las IIC que gestionan, pero la obligatoriedad de la información que se debe entregar a los partícipes se ha visto mermada. Si a esto añadimos cambios como la supresión de las dos categorías tradicionales de fondos, FIM y FIAMM, la liberalización de la política de inversión de las IIC (que se traduce en la posibilidad de asunción de mayores riesgos), la nueva ley, lejos de incrementar la protección directa del inversor como cabría esperar tras los últimos acontecimientos, más bien deja en manos de las gestoras y de las entidades comercializadoras la información que reciben los partícipes sobre los riesgos de los productos que suscriben. Es decir, los partícipes se quedan al amparo de la profesionalidad y de la transparencia de las entidades comercializadoras.
La nueva Ley de IC deja en manos de las gestoras y de las entidades comercializadoras la información que reciben los partícipes
La Guía de Procedimientos para la transmisión de información al inversor en la comercialización de productos de inversión, que la CNMV publicó a principios de verano, está en línea con la filosofía de la nueva Ley de IIC. Esta guía persigue la mejora de los procedimientos de comunicación de las entidades con sus clientes y la profesionalidad del personal encargado de realizar dicha tarea. El problema es que esta guía es de carácter voluntario, aunque cabe esperar que su empleo se vaya generalizando en el sector.
Si el inversor en IIC depende, todavía más que antes, de los profesionales del sector que le atienden, se deduce que aquél tiene ahora mayores necesidades de formarse e informarse sobre el sector y sus profesionales.
Mónica Guardado y Francisco Valero son profesores de la Escuela de Finanzas Aplicadas.