Alto riesgo

El Gobierno tomó ayer una decisión de alto riesgo: recurrir ante el Tribunal Constitucional el acuerdo del Ejecutivo vasco, del pasado 25 de octubre, por el que remitió al Parlamento de Vitoria el llamado plan Ibarretxe. No hay muchas dudas, prácticamente ninguna, sobre la inconstitucionalidad de dicho proyecto: el ministro de Justicia llegó ayer a contabilizar un centenar de violaciones del articulado de la Carta Magna. Pero la discusión no versa ahora sobre el contenido del texto, sino sobre la viabilidad o no de recurrir lo que por ahora es sólo un proyecto, que carece de rango norma...

El Gobierno tomó ayer una decisión de alto riesgo: recurrir ante el Tribunal Constitucional el acuerdo del Ejecutivo vasco, del pasado 25 de octubre, por el que remitió al Parlamento de Vitoria el llamado plan Ibarretxe. No hay muchas dudas, prácticamente ninguna, sobre la inconstitucionalidad de dicho proyecto: el ministro de Justicia llegó ayer a contabilizar un centenar de violaciones del articulado de la Carta Magna. Pero la discusión no versa ahora sobre el contenido del texto, sino sobre la viabilidad o no de recurrir lo que por ahora es sólo un proyecto, que carece de rango normativo mientras no lo apruebe el Parlamento vasco. El recurso del Gobierno coloca al Tribunal Constitucional ante una difícil disyuntiva: si lo acepta a trámite verá cuestionada su autoridad como máximo intérprete de la Constitución, y tal vez no sólo por los directamente afectados; si lo rechaza, será el Gobierno el que quede desautorizado.

El artículo 161.2 de la Constitución faculta al Gobierno para "impugnar ante el Tribunal Constitucional las disposiciones y resoluciones adoptadas por los órganos de las comunidades autónomas". Esta vía lleva aparejada la suspensión automática por cinco meses de la disposición o resolución impugnada. Al cabo de ese periodo el tribunal debe pronunciarse sobre la constitucionalidad de la norma en cuestión. No son pocos los expertos que creen que ese momento procesal no se ha producido aún, puesto que no existe tal norma. Ni siquiera el anteproyecto de ley ha sido calificado como tal por la Mesa del Parlamento vasco. El Gobierno se apoya en diversos informes de sus servicios jurídicos para sostener lo contrario.

Ibarretxe ha intentado con su plan acaparar el centro de la actualidad y marcar, mediante una astuta administración del tiempo, la agenda política de toda España. Sin duda ninguna su propuesta choca con la Constitución por múltiples artículos. Pero no parece que la mejor respuesta política pueda ser que el Gobierno trate a su vez de forzar las vías constitucionales para bloquear un proyecto que inexorablemente quedaría varado en el Congreso de los Diputados. El PNV está convencido de que cuanto más duro sea el enfrentamiento con Madrid tanto mejor para hacer el copo de votos nacionalistas en el momento en que decida convocar las elecciones a conveniencia de sus proyectos soberanistas. Pero es más que probable que el cálculo electoral ante las elecciones de marzo tampoco sea ajeno al anuncio prematuro del recurso de inconstitucionalidad por parte del Gobierno.

El desafío político del Ejecutivo vasco exige una firme respuesta política que en ningún caso debería pasar por la instrumentalización de una de las instituciones más importantes de nuestro ordenamiento jurídico.

El nacionalismo vasco es maestro en utilizar el victimismo como plataforma impulsora de sus aspiraciones. Si la respuesta desbordara los cauces constitucionales, podría ocurrir que, lejos de apagar el incendio provocado por Ibarretxe, se echara gasolina al fuego.