El Consell asume un papel activo para recuperar la calidad del entorno e implica a los municipios

La concepción activa del anteproyecto de Ley de Ordenación del Territorio y Protección del Paisaje es una de sus características más llamativas. El Consell no se limita a fijar criterios generales para conciliar actuaciones que desborden el ámbito municipal, sino que asume iniciativas y proyectos de gestión territorial encaminados a garantizar la sostenibilidad del desarrollo y mejorar la calidad de vida de los valencianos. Tales proyectos se ejecutarán a través de un fondo de equidad territorial que se nutrirá, en parte, de los beneficios que los municipios ingresan a partir de la gestión del...

La concepción activa del anteproyecto de Ley de Ordenación del Territorio y Protección del Paisaje es una de sus características más llamativas. El Consell no se limita a fijar criterios generales para conciliar actuaciones que desborden el ámbito municipal, sino que asume iniciativas y proyectos de gestión territorial encaminados a garantizar la sostenibilidad del desarrollo y mejorar la calidad de vida de los valencianos. Tales proyectos se ejecutarán a través de un fondo de equidad territorial que se nutrirá, en parte, de los beneficios que los municipios ingresan a partir de la gestión del suelo.

Rafael Blasco, consejero de Territorio y Vivienda, y responsable del nuevo anteproyecto, resume: "La filosofía de 'quien contamina paga' está en la base de este decreto, cuyo fin es garantizar la solidaridad interterritorial".

Un sistema de información territorial definirá "los indicadores de consumo de recursos, especialmente agua y suelo, y de emisión de contaminantes al suelo, agua y atmósfera en todo el ámbito de la Comunidad Valenciana", reza el texto. El intenso trabajo desarrollado desde hace años por el Instituto Cartográfico Valenciano facilitará la elaboración de ese nuevo sistema de información territorial.

El texto legal define "umbrales de consumo de recursos y emisión de contaminantes" que se sustentarán sobre los indicadores recabados en todo el territorio valenciano.

Los municipios valencianos ajustarán su planeamiento a los límites de consumo de recursos que definen tales umbrales. Y si los desbordan, siempre por causas justificadas, tales como la implantación de algún tipo de industria o central de generación energética, por ejemplo, "contribuirán a la sostenibilidad destinando, anualmente, al menos el importe equivalente al 10% del Impuesto sobre Bienes Inmuebles de naturaleza urbana o del de Actividades Económicas".

Esos fondos alimentarán la denominada "cuota de sostenibilidad". La mitad de la cuota se destinará a mejorar la calidad de vida del propio municipio. La otra mitad se destinará al fondo de equidad territorial.

Los ingresos municipales obtenidos a partir de nuevas instalaciones en suelo no urbanizable, que deben contar con la preceptiva declaración de interés comunitario, se destinarán "íntegramente" a mejorar y recuperar el territorio del término en cuestión.

El fondo de equidad territorial se nutrirá, además de los presupuestos de la Generalitat, de fondos estatales o europeos y donaciones de particulares.

Las acciones concretas financiadas con los fondos de equidad territorial podrán desarrollarse en cualquier punto de la Comunidad Valenciana.

Las contribuciones que el Ayuntamiento de Sagunto, por ejemplo, se vea obligado a desembolsar a raíz de la instalación de una futura central de ciclo combinado en su término, podrán destinarse a la recuperación de humedales, inversiones en parques naturales, recuperación de especies en peligro de extinción o apoyo a otros municipios que renuncien a un consumo desordenado de sus recursos.

El texto legal consagra unos principios generales de cooperación entre las administraciones autonómica y municipal que deben inspirar las actuaciones dirigidas a recuperar antiguas canteras o limpiar cauces, por ejemplo. Pero más allá de las buenas intenciones, el anteproyecto recoge el modelo de gobernanza en la ordenación del territorio elaborado por la Unión Europea y que persigue implicar a todos los actores afectados en los proyectos concretos a ejecutar para garantizar su éxito.

El concepto de subsidiariedad, el principio según el cual los asuntos que afectan a los vecinos se deben resolver en la medida de lo posible desde las instituciones más cercanas, inspira el modelo de gobernanza.

El anteproyecto elaborado por la Consejería de Territorio apunta la implicación de vecinos, particulares y empresas en la definición de todas las acciones encaminadas a recuperar el territorio.

Según Rafael Blasco, "la planificación racional del territorio requiere una amplia participación con el fin de que el desarrollo urbanístico, necesario para el crecimiento económico, sea compatible con la protección del paisaje".