Los críticos de Unió recurren las cuatro listas de CiU ante la Junta Electoral
El sector crítico de Unió Democràtica de Catalunya (UDC) ha recurrido ante la Junta Electoral de las cuatro provincias catalanas contra cada una de las candidaturas presentadas por CiU para los comicios autonómicos del 16 de noviembre. Los recurrentes solicitan que se excluya a los candidatos de UDC de esas listas amparándose en la sentencia dictada por el Juzgado de Primera Instancia número 1 de El Vendrell que declaraba "nulo radicalmente" el congreso del partido celebrado el 1 y 2 de junio de 2002, así como "todos los acuerdos adoptados en dicho congreso nacional y, en consecuencia, todos l...
El sector crítico de Unió Democràtica de Catalunya (UDC) ha recurrido ante la Junta Electoral de las cuatro provincias catalanas contra cada una de las candidaturas presentadas por CiU para los comicios autonómicos del 16 de noviembre. Los recurrentes solicitan que se excluya a los candidatos de UDC de esas listas amparándose en la sentencia dictada por el Juzgado de Primera Instancia número 1 de El Vendrell que declaraba "nulo radicalmente" el congreso del partido celebrado el 1 y 2 de junio de 2002, así como "todos los acuerdos adoptados en dicho congreso nacional y, en consecuencia, todos los acuerdos posteriores derivados o adoptados con base a los resultados del congreso".
Los cuatro recursos presentados ante las juntas electorales de Barcelona, Girona, Lleida y Tarragona son idénticos y están firmados por militantes alineados en el sector crítico. El argumento empleado es que, en aplicación de la citada sentencia, los órganos de dirección de UDC surgidos de aquel congreso son nulos de pleno derecho y, por tanto, también lo son todos los acuerdos que adopten. Uno de ellos ha sido precisamente el de ratificar a los candidatos del partido que concurren a las elecciones autonómicas por la federación Convergència i Unió. En el caso de Barcelona, UDC tiene 24 de los 85 candidatos.
La dirección de UDC ha recurrido ante la Audiencia de Tarragona contra la sentencia del juzgado de El Vendrell y ha solicitado su revocación. La fiscal, sin embargo, ha pedido que se confirme la sentencia porque comparte los razonamientos empleados para anular el congreso: la vulneración de los derechos de asociación y representación del sector crítico en el proceso de elección de los compromisarios que habían de acudir al congreso.