Los servicios sociales del País Vasco sólo atienden al 2% de los ancianos que padecen alguna discapacidad
Los servicios sociales del País vasco únicamente atienden al 2% de los ancianos con discapacidad,
según un estudio realizado por el instituto Edad&Vida. Este instituto, creado hace tres años por empresas relacionadas con el sector de la tercera edad, ha cuantificado en 81.000 los vascos mayores de 65 años de edad que presentan algún tipo de problema físico que les impide valerse por si mismos.
Excepto ese 2% que es atendido por los servicios sociales, el resto permanece al cuidado de sus familiares, especialmente las hijas y los cónyuges. Ante este panorama, que es similar en el ...
Los servicios sociales del País vasco únicamente atienden al 2% de los ancianos con discapacidad,
según un estudio realizado por el instituto Edad&Vida. Este instituto, creado hace tres años por empresas relacionadas con el sector de la tercera edad, ha cuantificado en 81.000 los vascos mayores de 65 años de edad que presentan algún tipo de problema físico que les impide valerse por si mismos.
Excepto ese 2% que es atendido por los servicios sociales, el resto permanece al cuidado de sus familiares, especialmente las hijas y los cónyuges. Ante este panorama, que es similar en el resto de España, el instituto Edad&Vida reclama a la administración central una ley estatal sobre dependencia que ayude a las familias a llevar la situación. Se trataría de encontrar un modelo de colaboración entre el sector público y el privado que posibilite mejoras en la calidad de vida de los mayores y de sus familias, dado que el envejecimiento de la población se ha convertido en uno de los principales retos de la sociedad.
El director de Edad&Vida, Josep María Via, considera fundamental que la administración establezca un organismo social que diga cuál es el nivel de dependencia de cada individuo y qué requisitos necesitan las personas para trabajar como profesionales en centros en los que atender a los ancianos con discapacidad.
"Otra de las opciones", sugiere Via, "es ofrecer incentivos fiscales a aquellas personas que se ocupan de sus familiares, financiando los servicios que les prestan". En opinión de este experto, la ley sobre la dependencia debería recoger una especie de seguro que diera cobertura a situaciones de "gran dependencia". Mientras, el resto de niveles de dependencia quedarían asegurados a través de otros instrumentos.
En los próximos años, el 25% de la población española superará los 65 años. De momento, la mujer es la principal cuidadora de los ancianos con discapacidad, pero las previsiones señalan que en 2025, el número de mujeres que se incorporarán al mercado laboral será del 72%, por lo que cada vez menos se dedicarán al cuidado de los mayores.