Tribuna:

Historia de una incoherencia

Cuando Germà Bel escribía hace unos días en estas páginas (EL PAÍS, 17 de septiembre) -ocultando su condición de diputado socialista, como si se avergonzara de ello- sobre el trasvase del Ebro, se me ocurrió pensar cómo es posible que desde el nacionalismo español más rancio se puede acusar a CiU de centralismo interior en la política catalana?

El artículo mencionado es casi un insulto en sí mismo, un insulto comparable a las palabras de Jesús Caldera menospreciando hasta el límite el más de un millón de sufragios que recibe CiU en las elecciones legislativas españolas.

Cuando pa...

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Cuando Germà Bel escribía hace unos días en estas páginas (EL PAÍS, 17 de septiembre) -ocultando su condición de diputado socialista, como si se avergonzara de ello- sobre el trasvase del Ebro, se me ocurrió pensar cómo es posible que desde el nacionalismo español más rancio se puede acusar a CiU de centralismo interior en la política catalana?

El artículo mencionado es casi un insulto en sí mismo, un insulto comparable a las palabras de Jesús Caldera menospreciando hasta el límite el más de un millón de sufragios que recibe CiU en las elecciones legislativas españolas.

Cuando parece que la memoria nos juega malas pasadas -o se trata, tal vez, de amnesia selectiva- es necesario recordar de qué manera ha evolucionado este asunto desde que Josep Borrell se convirtió en ilustre ministro del Gobierno socialista. Borrell elaboró una propuesta de Plan Hidrológico Nacional (PHN) que suponía un trasvase del doble del caudal del actual. El PSOE defendió con uñas y dientes esta propuesta que representaba una expresión genuina de su modelo centralista de cohesión territorial española.

Durante el verano de 2000, al cual hace referencia el diputado Bel en su artículo, se firmó un acuerdo entre CiU, el PSC-CpC y el PP en el Parlament de Catalunya que dejaba muy claro que era necesaria una aportación externa de agua para garantizar los niveles necesarios de calidad y cantidad de agua en la cuencas internas de Cataluña. Hasta aquí, todos de acuerdo. Cabe mencionar que el 15 de noviembre del mismo año, ERC e ICV presentaron una moción contra el proyecto del PHN en cuya votación el PSC se abstuvo.

Pero fue en febrero de 2001 cuando Pasqual Maragall vio en las protestas populares contra el trasvase una oportunidad de situarse en una posición muy cómoda de desgaste hacia la actitud seria, coherente y sin fisuras del Gobierno catalán. Fue entonces cuando se adhirió a las manifestaciones que se celebraron en Barcelona y en otros puntos de Cataluña.

Cuando llegó la hora de la verdad, cuando existía una posibilidad real de disminuir los efectos negativos del PHN en su debate en el Congreso de los Diputados, el PSOE se opuso frontalmente a su realización, sin aportar ni una sola enmienda que mejorara su aplicación. Por su parte, CiU, que optó -ante la mayoría absoluta y absolutista del PP- por la negociación y la defensa de los intereses de las comarcas del Ebro catalanas, consiguió algunos de sus objetivos: la reducción del caudal trasvasable, la aprobación del Plan Integral de Protección Ambiental del Delta y el compromiso del Gobierno español con obras históricas que estaban pendientes como el canal Xerta-Sènia o el de L'Aldea-Camarles. En el terreno de la inversión, la previsión inicial del PHN de 185.000 millones de pesetas se incrementó en 400.000 millones más gracias a la acción política de CiU, para estimular el desarrollo de las comarcas del Ebro. Una acción política comprometida con las alternativas al trasvase, la cultura del ahorro del agua y el aprovechamiento de las cuencas internas de Cataluña y de todos los ríos mediterráneos de España.

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La mayoría absoluta del PP nunca tuvo en cuenta la búsqueda del consenso en un asunto que podía afectar tan gravemente a un amplio sector de la población. Pero sólo CiU, desde el primer momento, apostó por el diálogo desde el compromiso con los ciudadanos de Cataluña, porque entendimos que teníamos la responsabilidad de minimizar al máximo los riesgos negativos del PHN. La apuesta de CiU pasaba por compatibilizar el desarrollo del país con una nueva cultura del agua.

Los graves problemas de deficiencia de agua que padece Cataluña y en especial el área metropolitana de Barcelona no impidieron al PSC actuar con total impunidad en el uso y abuso de la demagogia contra el Gobierno de CiU. Más demagogia aún cuando se dio la ridícula situación de la abstención del PSOE en el Parlamento Europeo en la votación contra el PHN porque José Bono, Manuel Chaves, Juan Carlos Rodríguez Ibarra y los socialistas valencianos y murcianos son, por supuesto, favorables al PHN. Esta abstención, recordemos, desencadenó una crisis interna entre las gentes del PSC de las comarcas del Ebro, que se sintieron engañadas por su líder, Maragall.

Ahora, el Gobierno de CiU ha sido valiente y ha exigido a José María Aznar que paralice todos los procesos iniciados hasta que no se garantice el caudal mínimo para la preservación del delta y hasta que el Gobierno español se pronuncie sobre la propuesta de trasvase del Ródano que lleva propugnando CiU desde el inicio de esta problemática.

CiU ha actuado con responsabilidad, con respeto y, sobre todo, con auténtica preocupación por el desarrollo del delta del Ebro y sus gentes. Porque la política del espejismo socialista es fácil y tiene resultados inmediatos, pero sus resultados son nefastos para todas las personas que han creído que su propuesta de oposición frontal aportaría alguna solución a un asunto del que todos, todos, debemos sentirnos responsables: el futuro de Cataluña en su globalidad, entendida como un país donde el equilibrio territorial sea real y tangible y no sólo un juego de escaños en el Parlament.

Pere Macias i Arau es secretario general adjunto de CiU

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