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No hay nada en el decálogo de criterios para el uso del valenciano en la Administración de la Generalitat, aprobado el miércoles en Ares del Maestrat, que no estuviese ya recogido, en teoría, en el marco legislativo e, incluso, que se no hubiese puesto negro sobre blanco en otros documentos del Consell. Digo "en teoría" porque ahí reside la clave de la maniobra: en plasmar de manera concreta, hasta el extremo de precisar que "las unidades administrativas que atienden directamente a los ciudadanos iniciarán en valenciano la comunicación", lo que hasta ahora eran declaraciones de principios tan ...

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No hay nada en el decálogo de criterios para el uso del valenciano en la Administración de la Generalitat, aprobado el miércoles en Ares del Maestrat, que no estuviese ya recogido, en teoría, en el marco legislativo e, incluso, que se no hubiese puesto negro sobre blanco en otros documentos del Consell. Digo "en teoría" porque ahí reside la clave de la maniobra: en plasmar de manera concreta, hasta el extremo de precisar que "las unidades administrativas que atienden directamente a los ciudadanos iniciarán en valenciano la comunicación", lo que hasta ahora eran declaraciones de principios tan cómodas de exhibir como fáciles de ignorar en la práctica cotidiana. Distinguen los sociolingüistas dos vertientes en la planificación de una lengua: el corpus planning y el status planning, según se refieran a la normativa y las capacidades técnicas o al uso social del idioma. Este último, que es el que atañe al caso, deriva en dos tipos: el estatus explícito (o de derecho), relativo a los textos legislativos y al relieve oficial de la lengua, y el estatus implícito (o de hecho), que configuran las actitudes y los comportamientos de los actores sociales. Con ese decálogo o con cualquier otro, parece evidente que el gobierno de Francisco Camps, a través del consejero de Cultura, Esteban González Pons, quiso dar un paso del estatus explícito al implícito, de las reglas legales a las acciones reales, lo que siempre es de agradecer. Las contradicciones que una apuesta de este tipo suscita en el PP han sido apuntadas por la oposición y se han mostrado en carne viva de inmediato en unas tropas de la derecha a las que resulta muy ajena cualquier preocupación sincera por la pervivencia del valenciano y su equiparación al castellano. Rechazar el compromís per la llengua, rehuir la aplicación del requisito lingüístico o rebajar a "recomendaciones" lo aprobado son síntomas de que la iniciativa corre serio peligro de acabar convertida en papel mojado. Que no ocurra depende también de que los que aspiramos a la normalidad civil, seamos de izquierdas o de derechas, alentemos al Consell a mantener el pulso. Para que no se disuelva todo en la esterilidad de una gesticulación trascendentalizada.

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