Los inmigrantes que viven en los cuarteles de Sant Andreu se reducen de 600 a 200 en un mes

De más de 600 personas a menos de 200. El número de habitantes de los cuarteles de Sant Andreu de Barcelona, en su mayoría inmigrantes en situación irregular, se ha reducido drásticamente en el último mes. No hay una sola razón para la estampida, sino una suma de circunstancias: el miedo a los controles policiales, las detenciones de sin papeles que son llevados al centro de internamiento de La Verneda -algunos han sido ya expulsados-, el realojo de inmigrantes por la Cruz Roja -unos 80 en el último mes- y el derribo de edificios del complejo son las que más pesan.

El aspecto del...

De más de 600 personas a menos de 200. El número de habitantes de los cuarteles de Sant Andreu de Barcelona, en su mayoría inmigrantes en situación irregular, se ha reducido drásticamente en el último mes. No hay una sola razón para la estampida, sino una suma de circunstancias: el miedo a los controles policiales, las detenciones de sin papeles que son llevados al centro de internamiento de La Verneda -algunos han sido ya expulsados-, el realojo de inmigrantes por la Cruz Roja -unos 80 en el último mes- y el derribo de edificios del complejo son las que más pesan.

Las detenciones llegan a producirse en la ducha, cuando no llevan la documentación encima

El aspecto del antiguo recinto militar es más siniestro que nunca. A la marcha de sus habitantes se suma el avance, sin prisas pero sin pausas, de la piqueta. Los derribos comenzaron a mediados de julio como última fase del proceso de saneamiento emprendido por el Ayuntamiento. Primero las máquinas acabaron con los muros perimetrales y luego con naves no habitadas, dejando a la vista un conjunto que ronda los 100.000 metros cuadrados y estampas grotescas como la de una pared decorada con un inmenso bodegón -con fruta, pimientos y un plato de huevos fritos incluido-, que sobrevive entre escombros.

Las excavadoras no se detienen e incluso han reventado el suelo y el asfalto del patio central de la parte norte de los cuarteles, algo que los pocos habitantes que quedan no entienden. Entre otras cosas, porque se han quedado sin el espacio donde mataban las horas jugando al fútbol. "Más tarde o más temprano había que levantarlo", argumenta un portavoz municipal. El mismo portavoz desmiente las críticas que aseguran que se han derribado edificios que estaban habitados. "Se está actuando de forma muy escrupulosa", afirma.

"Tenemos muy claro que las administraciones no tienen ninguna intención de ayudarnos. Han optado por la presión y más presión, mediante los derribos y la presencia policial, para que si llega un desalojo no quede nadie". Es la opinión de Yerko Toro, el portavoz de la asamblea de los cuarteles. De nacionalidad chilena, Toro fue detenido en agosto y se llegó a ordenar su expulsión pero el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña la paralizó. "Si continúan igual, en un mes esto estará vacío", pronostica.

Tanto el portavoz como los integrantes de la asociación Papeles Para Todos aseguran que más de 200 inmigrantes han sido detenidos y expulsados de España. Algunos de ellos, afirman, son personas que en su día fueron realojadas en pensiones por parte de Cruz Roja pero que, pasado un mes, volvieron a los cuarteles. Y explican que las detenciones llegan a producirse en las duchas, donde la indefensión de los inmigrantes "es total" porque no llevan su documentación encima.

La cifra de expulsados que baraja la ONG Metges del Món, que todos los jueves monta un dispensario en los cuarteles, es de un centenar. "Otras 80 personas han sido realojadas por la Cruz Roja, y el resto, hasta llegar a 600, no sabemos dónde están, pero suponemos que se han repartido por la ciudad como consecuencia de la presión policial", apunta el coordinador de la organización, Andreu Camps. Metges del Món tiene constancia, además, de que un reducido grupo de ganeses se ha desplazado a Zaragoza para trabajar en la campaña de recogida de fruta.

Con el abandono de los cuarteles por parte de los inmigrantes parece haberse esfumado también el espíritu y la cohesión que había en los últimos días del mes de julio, cuando se celebró el juicio civil con el que el Ministerio de Defensa, propietario del recinto, pretendía poner fin a la ocupación. Al juicio acudieron unos 200 inmigrantes y día sí día también se organizaban asambleas en el patio para valorar la actuación de las administraciones y discutir sobre sus planes de realojo o sobre cómo afrontar un posible desalojo. Ahora parece que nadie se acuerde de que la sentencia del juicio está pendiente.

Sólo hay una cosa que no cambia en los cuarteles, y es la respuesta de los inmigrantes cuando se les pregunta por las razones que les han llevado allí y por su futuro: "No papeles, no trabajo, no casa". Lo decía el viernes un magrebí menor de edad mientras hacía la colada rodeado de basura y aguas negras. La frase es lo único que acertaban a pronunciar en español dos inmigrantes de Mali que cocinaban en una de las naves que queda en pie. Igual que otros dos chavales que, asomados a un balcón repleto de botellas vacías de cerveza, decían ser de Georgia.