Una gestión marcada por el posibilismo

Francisco Camps ha tenido que hacer un ejercicio de posibilismo desde que el pasado 19 de junio fue investido presidente de la Generalitat. Camps ha sido el primer jefe de gobierno valenciano que, con un refrendo mayoritario de las urnas como cabeza de cartel, accede al Palau de la calle Caballeros con proyecto político propio pero sin el control de la estructura de su partido. Un partido del que hereda el poder institucional y los aciertos y errores de ocho años de una gestión efectuada por Eduardo Zaplana, que gusta de tomar todas y cada una de las decisiones importantes personalmente.
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Francisco Camps ha tenido que hacer un ejercicio de posibilismo desde que el pasado 19 de junio fue investido presidente de la Generalitat. Camps ha sido el primer jefe de gobierno valenciano que, con un refrendo mayoritario de las urnas como cabeza de cartel, accede al Palau de la calle Caballeros con proyecto político propio pero sin el control de la estructura de su partido. Un partido del que hereda el poder institucional y los aciertos y errores de ocho años de una gestión efectuada por Eduardo Zaplana, que gusta de tomar todas y cada una de las decisiones importantes personalmente.

En estos cien primeros días de gestión, el presidente del Consell ha tenido dos objetivos perfectamente definidos: impulsar su propia visión de la Comunidad Valenciana y ganar parcelas de poder orgánico en el seno del Partido Popular. Dos objetivos que no han estado exentos de tensiones y de complicados equilibrios en el entramado político e institucional del Partido Popular.

A la hora de impulsar su propio proyecto político el Consell de Francisco Camps se ha encontrado con graves dificultades, no confesadas públicamente, que han lastrado sus primeros pasos. En la gestión diaria, el nuevo Ejecutivo valenciano se ha encontrado con una losa de 7.525 millones de euros de deuda reconocida por el Banco de España y una serie de empresas públicas en complicada situación financiera hacia las que se ha centrifugado parte de la carga financiera; así como un rosario de proyectos y promesas realizadas por el Consell durante la etapa de Zaplana que serán difíciles de mantener.

Francisco Camps, que el 2 de julio inauguró el colegio de primaria Jaime I de Castellón y prometió que abriría un centro semanalmente en los meses siguientes, tuvo que olvidar pronto sus intenciones y dejar paso a su consejero de Educación. Un Esteban González Pons que, tras retomar el clima de normalidad institucional con los rectores de las universidades valencianas que reclaman un plan de financiación, reconoció en una de sus primeras entrevistas que era más importante acabar con los barracones escolares que ponerle una piel de acero diseñada por arquitectos japoneses al IVAM.

El consejero de Economía y Hacienda, Gerardo Camps, otro de los hombres fuertes del presidente en el seno del Consell, ha centrado sus esfuerzos de los primeros meses en ordenar las cuentas y conocer cuál es el margen de maniobra del Ejecutivo para afrontar los compromisos heredados e impulsar nuevas políticas. Aunque Camps ha intentado minimizar el problema de la deuda, lo cierto es que en la entrevista que mantuvo el presidente de la Generalitat con el del Gobierno el pasado 14 de julio, Francisco Camps centró sus esfuerzos en arrancar el compromiso a José María Aznar de que los Presupuestos del Estado se volcarán con la Comunidad Valenciana, fundamentalmente en las grandes inversiones del AVE y del Plan Hidrológico Nacional. Una búsqueda de fondos, que el jefe del Consell quiere completar en la Unión Europea y para lo cual ha reforzado la delegación de la Generalitat en Bruselas.

Junto a la búsqueda de recursos, el Consell de Francisco Camps no ha tenido más remedio que reconocer que recurrirá a fórmulas de financiación privada y a los impuestos indirectos al anunciar que seguirá con su política de hospitales gestionados por la iniciativa privada y a la construcción de nuevas carreteras de peaje. Por delante tiene, además, otros retos importantes como la resolución de grandes proyectos como el de la Ciudad de la Luz de Alicante o la regularización del elevado porcentaje de personal interino existente en la Generalitat.

Francisco Camps se ha encontrado con otro tipo de dificultades para impulsar un modelo de sociedad orgullosa de sus raíces pero satisfecha con su españolidad. El modelo de Comunidad Valenciana incardinado en la España de las autonomías que propugna el jefe del Consell se ha visto condicionado por el calendario electoral español, en el que han cobrado especial relevancia el plan Ibarretxe y las autonómicas catalanas, y la férrea negativa de Aznar y Rajoy a modificar una sola coma de la Constitución y los estatutos de autonomía.

En este contexto, el Consell ha tenido que aparcar, como mínimo hasta el próximo curso político, una posible reforma del Estatuto valenciano. A la vez, Francisco Camps ha tenido que prodigar los gestos de valencianismo -recuperar el claustrillo de la Valldigna, organizar una muestra sobre el último de los Austria, crear las fundaciones Renaixença y Consolat del Mar, etc- y demostrar que con los actuales instrumentos es posible ejercer nuevas responsabilidades políticas -anunciando entrevistas con el presidente de la Comisión Europea, Romano Prodi, e incrementando la cooperación autonómica con otras comunidades gobernadas por el PP-. Todo ello enmarcado, además, en un acentuado clima de beligerancia contra la propuesta de eurorregión realizada por el socialista catalán Pasqual Maragall.

La gestión del Consell también ha tenido en cuenta el componente orgánico para recabar nuevos apoyos hacia Camps, que ocupa el puesto de secretario general del PP en la Comunidad Valenciana. Así, la propuesta del Consell de modificar la ley de Patrimonio de la Generalitat, presentada con la excusa de evitar que se derribe la reforma del Teatro Romano de Sagunto, buscaba solucionar los problemas de la prolongación de la avenida de Blasco Ibáñez en Valencia y de la construcción del Palacio de Congresos en el monte Benacantil en Alicante. Proyectos en los que han empeñado su crédito político los alcaldes Rita Barberá y Luis Díaz Alperi. El nombramiento, ayer, por parte del Consell del ex edil de Benicàssim Javier Asín como director general de Empleo del Servef es otro ejemplo. Independientemente de las capacidades de Asín, que ha dejado de ser concejal, el nombramiento servirá para que el presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, pueda preparar ya una moción de censura para recuperar la alcaldía de Benicàssim, en manos del PSPV, que se perdió inicialmente por la indisciplina de Asín y su hermana.