CAMBIOS EN EL PRIMER GRUPO ESPAÑOL

Rato niega que Telefónica tenga déficit por prestar servicio universal

El vicepresidente primero y ministro de Economía, Rodrigo Rato, afirmó ayer que, en este momento, Telefónica no tiene un "déficit" económico por la prestación del servicio universal, pese a que la compañía reclama al Gobierno compensaciones por 1.576 millones de euros. Estas declaraciones se contradicen con las que realizó el ex ministro de Ciencia y Tecnología, Josep Piqué, que reconoció la necesidad de crear un fondo entre todos los operadores para costear ese servicio.

Rato señaló que la decisión de dichas compensaciones la deberá adoptar la Comisión del Mercado de las Telecomunicaci...

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El vicepresidente primero y ministro de Economía, Rodrigo Rato, afirmó ayer que, en este momento, Telefónica no tiene un "déficit" económico por la prestación del servicio universal, pese a que la compañía reclama al Gobierno compensaciones por 1.576 millones de euros. Estas declaraciones se contradicen con las que realizó el ex ministro de Ciencia y Tecnología, Josep Piqué, que reconoció la necesidad de crear un fondo entre todos los operadores para costear ese servicio.

Rato señaló que la decisión de dichas compensaciones la deberá adoptar la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT), que es la que tiene que dictaminar si existe o no responsabilidad de la Administración para cumplir este "supuesto déficit".

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"Entiendo que no existe este déficit en estos momentos, aunque, como es natural, la compañía tiene sus propias opiniones, que son perfectamente entendibles", subrayó.

Además, Astel (asociación que agrupa a los rivales de Telefónica) ha pedido a Economía que reconsidere su propuesta de acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos de un nuevo marco de regulación de los precios de Telefónica de España para 2004, "ya que incumple frontalmente la normativa europea y sustrae competencias a la CMT", según indicaron en un comunicado.

La Federacion de Consumidores en Acción (Facua) considera que "el Gobierno obliga a los usuarios a financiar el servicio universal de telecomunicaciones, cuyo pago deberían compartir el antiguo monopolio y los operadores de acceso indirecto".

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