El TSJA ha dictado en los últimos meses diez órdenes de paralización de obras en Marbella

Ocho años después de que la Junta de Andalucía impugnara por primera vez una licencia de obras concedida por el Ayuntamiento de Marbella contra el planeamiento vigente -ha recurrido ya 130-, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha empezado a tomar medidas contra los desmanes urbanísticos. En apenas dos meses, entre el 2 de abril y el 3 de junio, la sala dictó 10 órdenes de paralización de obras que afectan a 347 viviendas, un centro de oficinas y un complejo residencial. En tres casos levantó posteriormente la suspensión cautelar.

Los autos confirman el giro de la doctri...

Ocho años después de que la Junta de Andalucía impugnara por primera vez una licencia de obras concedida por el Ayuntamiento de Marbella contra el planeamiento vigente -ha recurrido ya 130-, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha empezado a tomar medidas contra los desmanes urbanísticos. En apenas dos meses, entre el 2 de abril y el 3 de junio, la sala dictó 10 órdenes de paralización de obras que afectan a 347 viviendas, un centro de oficinas y un complejo residencial. En tres casos levantó posteriormente la suspensión cautelar.

Los autos confirman el giro de la doctrina de los tribunales respecto a las prácticas urbanísticas del Ayuntamiento de Marbella, ya que hasta ahora el TSJA se había amparado en el principio de "presunción de legalidad" para no suspender las licencias impugnadas, a riesgo de que cuando se produjeran sus pronunciamientos definitivos las construcciones ya estuvieran realizadas, como de hecho sucede en un buen número de casos.

En un auto, la sala de lo contencioso administrativo admite que "el hecho de que se haya decidido así no empece a que no pueda variarse el criterio expuesto a partir de un nuevo juicio de relevancia, realizado en base a una ponderación de la situación actual" y que la aplicación del derecho "lejos de ser estática ha de ir acomodándose a la realidad y a las necesidades sociales que se vengan planteando a fin de que aquél pueda cumplir su finalidad primordial".

La adopción de estas medidas cautelares se produce después de que en sendos autos del TSJA de febrero y marzo se reconociera que el planeamiento vigente en Marbella es el aprobado en 1986. El Ayuntamiento de Marbella ha dado licencias amparadas en el planeamiento que aprobó en 1998 en un pleno suspendido también por el TSJA y que la Comisión de Urbanismo no autorizó.

En uno de estos autos de suspensión, dictado el 2 de abril, el TSJA entiende que la situación en Marbella requiere "un nuevo análisis y ponderación de tan especiales circunstancias y de los intereses en juego", y que no hay que considerar cada caso aislado. "Al estarse procediendo sistemática e inexorablemente a la ejecución material de las obras amparadas en tales licencias, llegándose incluso a la conclusión de las mismas antes de que los recursos interpuestos hayan sido definitivamente resueltos en las correspondientes instancias, lo que suele ser frecuente dado el grave problema del retraso en la tramitación y resolución de recursos que la sala arrastra, es posible que nos encontremos con que cuando se dicten los pronunciamientos judiciales de tantísimos recursos se haya podido también consumar la ejecución o construcción no de un edificio o urbanización, sino de una parte de cierta importancia del municipio". El tribunal entiende, además, que los intereses de los titulares de las licencias "deben ceder ante los del conjunto de la población en la zona".

En los autos mencionados, el tribunal rechaza los argumentos del Ayuntamiento de Marbella en cuanto a que la concesión de una licencia sea una competencia estrictamente local, sino que la ejecución de los planes municipales "no puede entenderse aisladamente sino dentro de un sistema orgánico conjunto en que las comunidades autónomas asumen el papel principal en la fijación de directrices y el control de las actuaciones relacionadas con este campo".

Otro de los argumentos del Ayuntamiento de Marbella en sus recursos es que las obras construidas con licencia que luego fuera declarada ilegal podrían después ser demolidas, pero en los autos se considera que habría una "irreversibilidad en el estado de los terrenos", en el caso de los no urbanizables, y que "desde la perspectiva de los posibles terceros adquirientes, caso de que los haya en estos momentos, es preferible la situación de espera en la posesión de la vivienda que la posible demolición de una vivienda ya habitada".

Todos estos autos que indican el cambio de doctrina del TSJA sobre las prácticas urbanísticas en Marbella fue determinante para que el ex alcalde Julián Muñoz anunciara que el Consistorio no iba a otorgar más licencias que las amparadas por el PGOU vigente, de 1986, y que aceptaba las directrices de la Junta para redactar un nuevo plan. Este anuncio fue un detonante de la ruptura del Grupo Independiente Liberal y de la moción de censura contra Julián Muñoz, según reconoció el fundador del partido, Jesús Gil, quien esgrimió como uno de los argumentos para derrocar a Muñoz que la ciudad no podía guiarse por el plan de 1986 porque sería su "ruina".