Villarejo pide la jubilación tras ser relevado al frente de Anticorrupción

El jefe de la Fiscalía Anticorrupción comunicó ayer por carta al fiscal general del Estado, Jesús Cardenal, su decisión de acogerse a la jubilación voluntaria poco después de que el Consejo de Ministros nombrase a Antonio Salinas para el cargo que él ha desempeñado en los últimos ocho años. El PSOE e IU criticaron "la limpieza política" que ha llevado a cabo el Gobierno en la carrera fiscal con sus últimos nombramientos.

Villarejo, de 68 años, comunicó la decisión de anticipar su jubilación -obligatoria para jueces y fiscales cuando han cumplido 72 años- en una breve carta en la que, se...

El jefe de la Fiscalía Anticorrupción comunicó ayer por carta al fiscal general del Estado, Jesús Cardenal, su decisión de acogerse a la jubilación voluntaria poco después de que el Consejo de Ministros nombrase a Antonio Salinas para el cargo que él ha desempeñado en los últimos ocho años. El PSOE e IU criticaron "la limpieza política" que ha llevado a cabo el Gobierno en la carrera fiscal con sus últimos nombramientos.

Villarejo, de 68 años, comunicó la decisión de anticipar su jubilación -obligatoria para jueces y fiscales cuando han cumplido 72 años- en una breve carta en la que, según Efe, no especificó los motivos de su decisión. El nuevo jefe de la Fiscalía Anticorrupción, Antonio Salinas, tomará posesión de su cargo el próximo martes.

Según fuentes de la Fiscalía General, Cardenal no tiene que pronunciarse sobre la iniciativa de Jiménez Villarejo, ya que es el Ministerio de Justicia el que debe conceder la jubilación, y añadieron que en caso de no haber pedido la jubilación voluntaria el ex jefe de la Fiscalía Anticorrupción se habría tenido que incorporar al Tribunal Supremo.

El Consejo Fiscal no respaldó, por cinco votos a cuatro, su candidatura para continuar al frente de Anticorrupción y avaló al candidato promovido por Cardenal, Antonio Salinas. El ex jefe de Anticorrupción, responsable de esa Fiscalía desde su creación, a finales de 1995, bajo el Gobierno de Felipe González, ha sido muy crítico con muchas actuaciones de Jesús Cardenal y con el control que pretendía imponer sobre la Fiscalía Anticorrupción.

Jiménez Villarejo envió hace tres días otro escrito a la Fiscalía General del Estado en la que preguntó si continuaba las diligencias de investigación sobre la presunta trama que está detrás de la deserción de los ex diputados autonómicos socialistas Eduardo Tamayo y María Teresa Sáez. Según fuentes de Anticorrupción, el escrito fue remitido después de que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid rechazó el recurso de súplica presentado por el PSOE tras la inadmisión de su querella contra los diputados autonómicos madrileños Tamayo y Sáez, entre otras personas.

El portavoz del PSOE en la Comisión Constitucional del Congreso, Diego López Garrido, anunció ayer que los socialistas pedirán que el ministro de Justicia, José María Michavila, comparezca en agosto en esa Cámara para que explique la "limpieza política" que ha llevado a cabo con el relevo de Jiménez Villarejo al frente de la Fiscalía Anticorrupción y de Mariano Fernández Bermejo en la cúpula de la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Según López Garrido, con esta "depuración" se envía un mensaje "muy nítido" a los fiscales: "El que vota contra el Gobierno, que se olvide de hacer carrera en el ministerio fiscal". "El Gobierno", añadió, "necesita a fiscales de su absoluta confianza y no puede soportar" que haya fiscales que quieran investigar asuntos como el caso Ercros y la presunta político-inmobiliaria vinculada con los diputados tránsfugas Eduardo Tamayo y María Teresa Sáez.

Por su parte, el coordinador general de IU, Gaspar Llamazares, acusó al Gobierno de emprender una "limpieza de sangre" en el ministerio fiscal con el relevo de Carlos Jiménez Villarejo y de Mariano Fernández Bermejo, y urgió al ministro de Justicia a dar explicaciones al respecto "cuanto antes" en el Congreso de los Diputados.

Llamazares manifestó a Europa Press que el Gobierno realizó una reforma del estatuto del ministerio fiscal para "controlar el Poder Judicial y para garantizarse la impunidad". "La fiscalía", añadió, "es ahora un cuerpo militar al servicio del Gobierno y del Partido Popular, donde se ha acabado con el pluralismo interno, la autonomía y la independencia".