El Estado contra los ocupantes

Edificio por edificio, los habitantes más activos de los cuarteles de Sant Andreu de Barcelona acudieron ayer de buena mañana a despertar a sus compañeros. No fuera que alguien se olvidara de la gran cita: el juicio con el que el Ministerio de Defensa, propietario de las antiguas instalaciones militares, pretende conseguir una orden que ponga fin a dos años de ocupación.

A las 8.30 horas, el primer grupo, de unas 60 personas, saltaba las vallas de la parada de metro de Torras i Bages para dirigirse a los juzgados del paseo de Lluís Companys. Okupas e inmigrantes, magrebíes y subs...

Edificio por edificio, los habitantes más activos de los cuarteles de Sant Andreu de Barcelona acudieron ayer de buena mañana a despertar a sus compañeros. No fuera que alguien se olvidara de la gran cita: el juicio con el que el Ministerio de Defensa, propietario de las antiguas instalaciones militares, pretende conseguir una orden que ponga fin a dos años de ocupación.

A las 8.30 horas, el primer grupo, de unas 60 personas, saltaba las vallas de la parada de metro de Torras i Bages para dirigirse a los juzgados del paseo de Lluís Companys. Okupas e inmigrantes, magrebíes y subsaharianos en su mayoría, hicieron el trayecto tocando tambores, cantando y bailando, para asombro de los usuarios habituales de la línea 1. Mientras, un segundo grupo esperaba a los más rezagados hasta las nueve. Otras 60 personas que hicieron el viaje en silencio y con el documento en el que figura el nombre de su abogado de oficio en la mano.

Entre los dos grupos y los que acudieron en solitario, a las diez en punto, hora en que debía comenzar el juicio, más de 200 ocupantes se concentraban frente a los juzgados. Les esperaban unos 30 vecinos de la Plataforma por Sant Andreu. A uno y otro lado, pancartas. La de los habitantes de los cuarteles rezaba: "Este problema social no se soluciona con un proceso judicial". En la de los vecinos se podía leer: "Cuarteles no, equipamientos ya". En medio, periodistas de una treintena de medios y decenas de agentes especiales de la Guardia Civil custodiando el edificio. Hacía tiempo que un juicio no levantaba tanta expectación.

Por problemas técnicos en el circuito cerrado de televisión que se habilitó para que la prensa siguiera el juicio desde unas dependencias contiguas a la sala de actos, la vista comenzó con media hora de retraso. Las 108 plazas de la sala se quedaron cortas. Sólo pudieron entrar unos 60 de los habitantes de los cuarteles y el resto lo llenaron algunos vecinos y acompañantes.

Nadie protestó. Los habitantes de los cuarteles mataron la espera con gritos como "¡papeles sí, cuarteles no!". También cantaron. El himno de Marruecos, por ejemplo, y hasta alguno tarareó el español. Siempre buscando la sombra de los plátanos y el fresco de los aspersores. El calor apretaba.

Al contrario de lo que muchos esperaban, la juez no suspendió el juicio. Era mediodía, la espera se alargaba y los ánimos se iban calmando. "No tengo ni idea de lo que puede pasar", "lo veo mal", "si nos echan, fatal, no tenemos adónde ir. Estamos en manos de la respuesta del juez", eran algunos de los comentarios en los corrillos.

La vista finalizó a las dos de la tarde. En una improvisada asamblea, los asistentes explicaron el resultado a sus compañeros en castellano, árabe e inglés. "No queremos una victoria judicial, sino una salida humanitaria, aunque por lo menos hemos ganado tiempo. Ahora tenemos que estar más unidos que nunca y explicar a la opinión pública por qué estamos en los cuarteles y que no tenemos adónde ir". Eran las consignas que el portavoz de la asamblea, Yerko Toro, dirigía a sus compañeros anter de volver a casa con la sensación de que el desalojo continúa siendo inminente.