Un preso entre algodones

En unos días, el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria número 2 de Cataluña resolverá un recurso del fiscal contra la concesión del tercer grado al financiero Javier de la Rosa. Será la tercera vez en siete meses que llegue a los tribunales un acuerdo de la Generalitat que beneficia a este recluso, un hecho sin precedentes en Cataluña que desde diversos sectores políticos y judiciales se interpreta como un claro trato de favor al financiero.

El caso resulta aún más sorprendente si se recuerda que en las dos ocasiones anteriores, la Justicia dio un revolcón al Gobierno catalán y devolvió a...

En unos días, el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria número 2 de Cataluña resolverá un recurso del fiscal contra la concesión del tercer grado al financiero Javier de la Rosa. Será la tercera vez en siete meses que llegue a los tribunales un acuerdo de la Generalitat que beneficia a este recluso, un hecho sin precedentes en Cataluña que desde diversos sectores políticos y judiciales se interpreta como un claro trato de favor al financiero.

El caso resulta aún más sorprendente si se recuerda que en las dos ocasiones anteriores, la Justicia dio un revolcón al Gobierno catalán y devolvió a De la Rosa a la cárcel porque el preso no reunía los requisitos que marca la ley para gozar del régimen abierto. Es decir, pasar el día y los fines de semana fuera de prisión, donde sólo acude a dormir.

Precisamente, el último de los recursos presentado por la fiscalía alude a la "inexplicable e injustificada contumacia" de la Generalitat. Es decir, "tenacidad y dureza en mantener el error", según el diccionario. "¿Qué opina usted de esa afirmación del fiscal?", preguntó el martes un periodista al conseller en cap de la Generalitat, Artur Mas. "Aquí cada uno ha de hacer su papel y cumplir sus funciones", respondió el candidato de CiU a sustituir a Jordi Pujol. "¿Y cuál es el papel de la Generalitat?", inquirió otro periodista. "Usted sabe perfectamente cuál es nuestro papel", respondió Mas.

Y todo esta polémica por una pena de 20 meses de prisión por intento de estafa de 300 millones de pesetas al Grupo KIO en 1992. Una minucia comparada con el complicado panorama judicial que tiene De la Rosa. La Audiencia Nacional ya le ha condenado a otra pena de cinco años de cárcel, recurrida al Supremo, por un pago irregular de Torras KIO a Manuel Prado y Colón de Carvajal. Estos días está acabando también el juicio por la venta de las papeleras Icsa e Impacsa, en el que el fiscal le pide otros 19 años de prisión. De la Rosa, además, espera juicio por la descapitalización de Grand Tibidabo, la pieza Pincinco del caso Torras y Telecinco. En total, peticiones de cárcel que superan los 50 años de prisión. Sin contar que, además, De la Rosa está imputado en la supuesta trama de corrupción de Hacienda que investiga otro juzgado de Barcelona.

El Gobierno catalán nunca había tenido un empecinamiento tan favorable hacia un preso ilustre, como De la Rosa. Ha habido, es cierto, precedentes, como el del ex magistrado Luis Pascual Estevill, que llegó al Consejo General del Poder Judicial a propuesta de CiU, o Josep Puigneró, el primer empresario español encarcelado por delito ecológico. Pero en estos casos la Generalitat acató sin rechistar el revolcón de los jueces y cuando les volvió a conceder el tercer grado los tribunales y la fiscalía acabaron avalando la decisión.

Pero con De la Rosa la Generalitat le concedió por tercera vez el régimen abierto tan sólo 11 días después de que la justicia anulase la segunda de estas decisiones. Y, además, en medio de una agria polémica entre el Gobierno catalán y la judicatura. La consejera de Justicia e Interior de la Generalitat, Núria de Gispert, llegó a asegurar que los jueces discrimaban a De la Rosa por ser quien era y que si se tratase de otra persona no actuarían así. De Gispert fue incluso más allá y aseguró a EL PAIS el pasado 17 de junio: "¡A ver quien puede más, si ellos [los jueces] o nosotros [la Generalitat]!".

La discrepancia básica en ese enfrentamiento es que la Generalitat sostiene que la pena de 20 meses a De la Rosa no es motivo suficiente para que entre en prisión y permite concederle la remisión condicional de la pena porque no tiene antecedentes. La justicia, sin embargo, no lo ve así y en las diversas sentencia dictadas estos meses recuerda que De la Rosa nunca ha tenido voluntad de rehabilitarse, que tiene numerosas causas pendientes y que su caso también resultaba ejemplarizante para la sociedad. Sin olvidar, además, que De la Rosa nunca abonó la fianza civil de 2,28 millones de euros en el caso de condena de 20 meses, una condición imprescindible para evitar la cárcel. "Vayan ustedes a cobrar a la juez Teresa Palacios", se le oyó decir el último día que acudió a la Audiencia de Barcelona.

La Generalitat asegura que De la Rosa cumplirá las tres cuartas partes de la condena en la segunda quincena de este mes y que estará en condiciones de obtener la libertad condicional. Pero mientras no se resuelva el último recurso pendiente eso no es posible. Además, otro juez debe aprobar primero las redenciones ordinarias y extraordinarias concedidas a De la Rosa. Algunas de ellas de muy difícil justificación, como colaborar con una parroquia o con la Cruz Roja.