El Tribunal de Luxemburgo respalda a la operadora
El abogado general del Tribunal de Justicia europeo se manifestó ayer a favor de Telefónica y de la Comisión Europea y en contra del Gobierno español, por impedir éste en 1998 que la compañía subiese el precio de su cuota mensual de abono cuando el mercado se abría a la competencia. Telefónica inició este litigio en 1998 porque la política gubernamental de fijación de precios le impedía cubrir los gastos de sus infraestructuras, contraviniendo una directiva europea que permitía precisamente el reequilibrio de tarifas de los antiguos monopolios. El Tribunal europeo sigue al 80% la opinión del a...
El abogado general del Tribunal de Justicia europeo se manifestó ayer a favor de Telefónica y de la Comisión Europea y en contra del Gobierno español, por impedir éste en 1998 que la compañía subiese el precio de su cuota mensual de abono cuando el mercado se abría a la competencia. Telefónica inició este litigio en 1998 porque la política gubernamental de fijación de precios le impedía cubrir los gastos de sus infraestructuras, contraviniendo una directiva europea que permitía precisamente el reequilibrio de tarifas de los antiguos monopolios. El Tribunal europeo sigue al 80% la opinión del abogado general.
La Unión Europea aprobó en 1996 una directiva que permitía a los antiguos monopolios de telecomunicaciones como Telefónica ajustar sus tarifas a los costes reales. En opinión del abogado general del Tribunal europeo con sede en Luxemburgo Philippe Léger, las autoridades españoles vulneraron tal directiva al no permitir a la operadora española subir el precio del abono mensual.
Estima demostrado que la compañía no pudo cubrir sus gastos con la tarifa fijada para los ejercicios 1999 y 2000 y añade que esto lo demuestra el hecho de que tal abono mensual fuera inferior a la tarifa de acceso desagregado al bucle de abonado, cuando deberían ser similares porque la infraestructura necesaria es la misma.
Desequilibrio tarifario
Con todo ello, Léger considera probado el desequilibrio tarifario, cree que Telefónica no disponía de margen de maniobra para establecer sus tarifas y que la responsabilidad entre 1999 y 2000 era de las autoridades españolas, aunque opina también que los límites máximos de precios establecidos en años posteriores tampoco fueron suficientes para llevar a cabo el reequilibrio que exigía la directiva europea. La conclusión es, para el abogado general, que el Tribunal de Justicia debe condenar a España.
Telefónica retiró su denuncia ante Bruselas en abril de 2001 al firmar un pacto con el Gobierno que le permitía subir progresivamente su cuota de abono. La Comisión, sin embargo, siguió adelante y denunció a España, en diciembre de ese año, ante el Tribunal de Justicia. Por aquel entonces, Bruselas seguía considerando que la cuota estaba por debajo del coste real y que el pacto llegaba demasiado tarde.
Ahora, aunque se considere solventada la situación, la Comisión recibe con satisfacción la propuesta del abogado general porque, de obtener una sentencia en el mismo sentido, Bruselas se librará de afrontar las costas de tan largo proceso.