El PSE plantea a Cultura un pacto sobre publicaciones subvencionadas
Propone hacer devolver las ayudas a quien socave valores democráticos
El Partido Socialista propuso a finales de junio al Gobierno la búsqueda de un acuerdo para modificar de modo consensuado la normativa sobre concesión y control de las subvenciones a publicaciones.
La consejera de Cultura, Miren Azkarate, tiene sobre su mesa el borrador de la propuesta socialista, realizada a raíz del conflicto surgido con la publicación de contenidos insultantes y amenazantes en la revista Kili-Kili, que recibía ayudas públicas. El documento del PSE propone modificar la normativa actual, para introducir ciertos condicionantes relacionados con los valores, derech...
El Partido Socialista propuso a finales de junio al Gobierno la búsqueda de un acuerdo para modificar de modo consensuado la normativa sobre concesión y control de las subvenciones a publicaciones.
La consejera de Cultura, Miren Azkarate, tiene sobre su mesa el borrador de la propuesta socialista, realizada a raíz del conflicto surgido con la publicación de contenidos insultantes y amenazantes en la revista Kili-Kili, que recibía ayudas públicas. El documento del PSE propone modificar la normativa actual, para introducir ciertos condicionantes relacionados con los valores, derechos y libertades democráticos y principios asociados al servicio público.
Con la premisa del rechazo a cualquier medida de censura previa, la propuesta del PSE se orienta hacia el establecimiento de mecanismos ágiles de exigencia de devolución de las subvenciones públicas recibidas cuando una publicación vulnere en sus contenidos la nueva normativa que se establezca.
El PSE parte en su propuesta, que hace referencia expresa a las subvenciones relacionadas con la promoción del euskera y el bilingüismo, del principio de que el Gobierno tiene el derecho y la obligación de controlar el uso que se hace de su ayuda a publicaciones, para que "no se desvíe de los objetivos para los que están previstos". Las ayudas, sostiene el texto, tienen que revistir "un carácter condicionado" y cortar con "un cierto laissez faire que se ha venido practicando y con la tendencia a considerar que la promoción y difusión del euskera y el bilingüismo son un valor absoluto , desconectado de otros objetivos y valores".Los socialistas quieren que toda publicación subvencionada exprese claramente su rechazo al terrorismo, evite adoctrinamientos y visiones unilaterales del país y busquen el rigor y la cohesión social.
La propuesta de un acuerdo entre todas las fuerzas democráticas, lanzada por el PSE durante el debate en comisión de aquel incidente, cristalizó en esa primera reunión entre la consejera Azkarate y la portavoz socialista de Educación y Cultura, Isabel Celaa. "Se trataría de acordar una especie de código deontológico en los criterios de concesión de subvenciones, en un país como el nuestro, donde no se puede actuar como si el terrorismo no existiera y donde hay que tener cautelas especiales para que no se aproveche el dinero público para hacer proselitismo de la violencia, la exclusión o el totalitarismo", explicó Celaa a este periódico.
La política de subvenciones debe cumplir, a juicio de los socialistas, dos objetivos "indisociables": fomentar el euskera y el bilingüismo y, paralelamente fomentar los valores democráticos. La difusión de estos a través de las publicaciones con ayudas públicas se estima especialemente importante, dado que buen número de ellas tienen por destinatario un público infantil o juvenil. "No proponemos la censura previa", advierte Celaa, "pero una cosa es que se puedan publicar ciertas cosas que no sean punibles o delictivas y otra que puedan ser subvencionadas".
En esencia, la propuesta del PSE que estudia la consejera de Cultura, propone que el cumplimiento de ciertos requisitos condicione la concesión de ayudas. para el establecimiento de esos requisitos, el documento se remite a los artículos 2, 3 y 4 de la Ley de EITB, referidos, entre otros principios, a la defensa y promoción de los valores cívicos de la convivencia recogidos en la Constitución y el Estatuto.
El respeto a ellos sería de estricta aplicación a cualquiera que aspire a una subvención. La ayuda obligaría asimismo "a evitar la exaltación o apología de hechos atentatorios contra la vida, la libertad y la igualdad y de conductas legal y socialmente reprobables".