Cardenal tiene prisas
El fiscal general del Estado, Jesús Cardenal, se ha dado prisa en poner en marcha las previsiones del nuevo Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal en lo referente a la sustitución de los fiscales jefes y demás integrantes de la cúpula fiscal que lleven más de cinco años en el ejercicio del cargo. El nuevo Estatuto entró en vigor ayer y Cardenal no ha esperado ni un día más para convocar para el próximo martes, 1 de julio, al Consejo Fiscal, órgano consultivo sobre nombramientos, para poner en marcha el proceso que ha de culminar con la remodelación de una buena parte de la actual cúpula fisca...
El fiscal general del Estado, Jesús Cardenal, se ha dado prisa en poner en marcha las previsiones del nuevo Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal en lo referente a la sustitución de los fiscales jefes y demás integrantes de la cúpula fiscal que lleven más de cinco años en el ejercicio del cargo. El nuevo Estatuto entró en vigor ayer y Cardenal no ha esperado ni un día más para convocar para el próximo martes, 1 de julio, al Consejo Fiscal, órgano consultivo sobre nombramientos, para poner en marcha el proceso que ha de culminar con la remodelación de una buena parte de la actual cúpula fiscal.
Adquiere consistencia la sospecha de que la temporalidad del mandato de los fiscales jefes ha sido utilizada por el Gobierno -que decide en última instancia sobre sus nombramientos- para quitarse de en medio a los que más le incomodan. No deja de resultar chusco que quien ejecute las nuevas previsiones legales sea alguien que lleva más de cinco años en el cargo -fue nombrado en mayo de 1997- y al que el Ejecutivo ha eximido de ajustarse en el ejercicio de sus funciones a criterios de temporalidad, al menos parecidos a los que se exigen a los cargos de primera línea de la carrera. ¿Cabe mayor contradicción e incoherencia? Las razones, que sin duda las hay, para justificar la temporalidad del mandato, como, en general, de los cargos directivos de la función pública, no valen, según el Gobierno, para quien ostenta la máxima jefatura del ministerio fiscal. Sin duda, un fiscal del Estado nombrado para un tiempo determinado y con motivos tasados para su cese estaría en mejores condiciones de resistirse a los deseos o presiones del Gobierno que si es nombrado y cesado por éste cuando le venga en gana y sin dar explicaciones. De un fiscal general que lleva seis años en el cargo, y cuya continuación depende exclusivamente de la voluntad del Gabinete, cabe deducir que está en la mejor de las disposiciones para cumplir los deseos de quien le nombra y destituye libremente. Por ejemplo, apresurándose a remodelar una cúpula en la que hay fiscales que advierten sobre las carencias y riesgos de los juicios rápidos -provocando así el enfado del ministro Michavila- o que denuncian trabas a la Fiscalía Anticorrupción para investigar los casos que afectan o no convienen al PP -como el de los dos diputados tránsfugas de la Asamblea de Madrid-, en tanto que se estimula su actuación cuando atañen al PSOE.