La Audiencia Nacional remite al juzgado de Orihuela el caso de las cesiones de crédito de Cartagena
El caso de las cesiones de crédito del Banco Santander que implica al ex alcalde de Orihuela y ex consejero de Obras Públicas Luis Fernando Cartagena no será juzgado en la Audiencia Nacional, sino en la ciudad en la que tenía su domicilio fiscal en el año 1988. La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional autorizó ayer a la juez Teresa Palacios a abrir juicio oral contra el presidente del SCH, Emilio Botín, y varios ex directivos de la entidad, por haber cooperado en la comisión de 38 delitos fiscales al comercializar las llamadas cesiones de crédito. La Sala rechazó la petición de sobreseimie...
El caso de las cesiones de crédito del Banco Santander que implica al ex alcalde de Orihuela y ex consejero de Obras Públicas Luis Fernando Cartagena no será juzgado en la Audiencia Nacional, sino en la ciudad en la que tenía su domicilio fiscal en el año 1988. La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional autorizó ayer a la juez Teresa Palacios a abrir juicio oral contra el presidente del SCH, Emilio Botín, y varios ex directivos de la entidad, por haber cooperado en la comisión de 38 delitos fiscales al comercializar las llamadas cesiones de crédito. La Sala rechazó la petición de sobreseimiento, pero apreció una parte de los recursos presentados y redujo de 138 a 38 los delitos fiscales propuestos por la juez Palacios, al entender que sólo hubo colaboración del banco en los delitos producidos en 1989. Respecto de los otros 100 clientes, inversores en el ejercicio de 1988 que no regularizaron su situación fiscal, el tribunal señala que la intervención del banco sólo puede ser considerada como "un encubrimiento atípico con consecuencias administrativas, pero no penales". Por ello, ordena a la juez Palacios que desglose esos casos del sumario principal y los remita a los juzgados de instrucción que corresponda de acuerdo con el lugar de comisión de los delitos. Éste es el caso de Cartagena, cuyas supuestas cesiones de crédito corresponden al ejercicio fiscal de 1988, cuando era alcalde de Orihuela. La justicia imputa a Cartagena un delito fiscal por una deuda tributaria de 236.197 euros.
Cartagena, que ayer acudió a una conferencia que ofreció en Valencia el presidente de la Asociación Valenciana de Empresarios, aseguró desconocer los detalles técnicos del procedimiento judicial y el futuro destino de la causa por supuesto delito fiscal contra su persona y aprovechó la ocasión para reiterar su inocencia en un pleito, dijo, "abierto contra el banco".