El Supremo ordena el embargo de cuentas del grupo Batasuna

Exige el reintegro del dinero recibido y ordena que no participe en el Parlamento

La Sala Especial del Tribunal Supremo ordenó ayer el embargo de subvenciones y cuentas del Grupo Parlamentario Sozialista Abertzaleak, sucesor de Batasuna, así como el reintegro de cuantas cantidades haya recibido desde el pasado 20 de mayo, fecha en que se ordenó su disolución. El Supremo apercibe del pleno acatamiento de lo acordado, "bajo responsabilidad personal", al presidente y altos cargos del Parlamento vasco.

El auto del Supremo, acordado por unanimidad de la Sala Especial, decreta el embargo "de cuantas subvenciones o fondos, públicos o privados, pertenezcan al grupo parlament...

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La Sala Especial del Tribunal Supremo ordenó ayer el embargo de subvenciones y cuentas del Grupo Parlamentario Sozialista Abertzaleak, sucesor de Batasuna, así como el reintegro de cuantas cantidades haya recibido desde el pasado 20 de mayo, fecha en que se ordenó su disolución. El Supremo apercibe del pleno acatamiento de lo acordado, "bajo responsabilidad personal", al presidente y altos cargos del Parlamento vasco.

El auto del Supremo, acordado por unanimidad de la Sala Especial, decreta el embargo "de cuantas subvenciones o fondos, públicos o privados, pertenezcan al grupo parlamentario autonómico disuelto, así como de los saldos de las cuentas corrientes que éste pudiera poseer en cualquier entidad de crédito".

El alto tribunal requiere después al Interventor General del Parlamento vasco, "bajo apercibimiento de responsabilidad personal", para que realice las actuaciones oportunas para conseguir "el reintegro de cuantas cantidades hayan sido entregadas al referido grupo", al que considera "disuelto a partir del día 20 de mayo de 2003", así como "para que se abstenga de abonar cantidad alguna en lo sucesivo".

La Sala Especial requiere también, "bajo apercibimiento de proceder, para el caso de desatención o incumplimiento", al presidente del Parlamento vasco, Juan María Atutxa, y a su Letrado Mayor-Secretario General, para que "de inmediato adopten las medidas necesarias para retirar el grupo parlamentario disuelto del disfrute de cuantos locales y medios materiales les fueron asignados".

Por último, exige al presidente Atutxa, a los miembros de la Mesa y a los presidentes de comisiones permanentes "que en lo sucesivo, bajo responsabilidad personal para el caso de incumplimiento, actúen en pleno acatamiento de lo judicialmente decidido en el auto de 20 de mayo de 2002, y en consecuencia impidan la presencia del grupo disuelto en actuaciones de la vida parlamentaria que detalla extensamente el auto, tales como el nombramiento de lehendakari, proposiciones de ley, etcétera .

Fuentes del Supremo indicaron que los 16 magistrados de la Sala Especial estuvieron de acuerdo con el fallo y retocaron algunas expresiones del contenido de la resolución para reducir cualquier tono reivindicativo o virulento, aunque dejando claro que el presidente Atutxa "ha desobedecido".

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La resolución se fundamenta en que el artículo 20.3 del Reglamento del Parlamento vasco prevé la incorporación automática al Grupo Mixto del parlamentario que por cualquier causa dejase de pertenecer a un grupo durante el periodo de sesiones. Como el Supremo considera disuelto al grupo Sozialista Abertzaleak por decisión judicial, los seis parlamentarios de SA -excluido el fugado Josu Ternera- deben pasar al Mixto y una vez en el mismo, en el que ya están dos parlamentarios de IU-EB, se verá qué es lo que pueden hacer y lo que no. Contra el auto del alto tribunal no cabe recurso alguno.

Los grupos parlamentarios del Parlamento vasco tienen una subvención de 15.000 euros al mes más 2.500 euros por cada escaño, seis a falta de Ternera. El sueldo de cada parlamentario, que no entra en la resolución del Supremo, es de 58.209,41 euros anuales brutos, más una cantidad para desplazamientos de 3.444 euros para los alaveses, 5.052 para los vizcaínos y 5.556 para los guipuzcoanos, informa Isabel C. Martínez.

Por su parte, el presidente del Tribunal Supremo, Francisco Hernando, declinó contestar, tras una intervención en el Fórum Europa, si acudirá al Gobierno para que en caso de que el Parlamento vasco insista en no disolver SA ponga en marcha el mecanismo del artículo 155 de la Constitución para el cumplimiento forzoso de la obligación.

Francisco José Hernando, presidente del Tribunal Supremo.ULY MARTÍN

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