La fiscalía solicita para el alcalde de El Puerto nueve años de inhabilitación
El magistrado titular del Juzgado de Instrucción número 3 de El Puerto de Santa María (Cádiz), Miguel Ángel López Marchena, ha dictado un auto por el que abre un procedimiento abreviado contra el alcalde de la misma localidad, Hernán Díaz Cortés, de Independientes Portuenses (IP), por un supuesto delito de prevaricación cometido al negar al antiguo oficial jefe de la Policía Local la reincorporación a su plaza tras un periodo de excedencia voluntaria. La fiscalía de Cádiz y la acusación particular han solicitado nueve años de inhabilitación de cargo público para el primer edil.
Díaz Cor...
El magistrado titular del Juzgado de Instrucción número 3 de El Puerto de Santa María (Cádiz), Miguel Ángel López Marchena, ha dictado un auto por el que abre un procedimiento abreviado contra el alcalde de la misma localidad, Hernán Díaz Cortés, de Independientes Portuenses (IP), por un supuesto delito de prevaricación cometido al negar al antiguo oficial jefe de la Policía Local la reincorporación a su plaza tras un periodo de excedencia voluntaria. La fiscalía de Cádiz y la acusación particular han solicitado nueve años de inhabilitación de cargo público para el primer edil.
Díaz Cortés defendió ayer su inocencia y anunció que pedirá el sobreseimiento del procedimiento para evitar que se celebre un juicio oral y que el caso pase a la sala de lo Penal. "Hemos solicitado el sobreseimiento de la actuación porque, si no hay un delito administrativo, no puede haberlo en la vía penal", dijo Díaz Cortés.
Los hechos se remontan a octubre de 1998, cuando el ex oficial jefe de la Policía Local portuense Luis Fuentes presentó una querella contra el alcalde al impedirle éste que se reincorporara a su plaza de oficial tras un periodo de excedencia voluntaria.
Fuentes ocupó la plaza de oficial jefe de la Policía Local portuense desde abril de 1984 hasta febrero de 1989. Entonces pidió una excedencia para incorporarse al Cuerpo Nacional de Policía como inspector jefe de la escala ejecutiva. Tras esta experiencia profesional, solicitó en dos ocasiones la reincorporación a su plaza original. Díaz Cortés rechazó sendas peticiones y basó su negativa en que no existía vacante para la plaza solicitada porque en septiembre de 1995 nombró como subinspector de la Policía Local a José Díaz Otero, un hombre de su confianza sin que mediara concurso o convocatoria pública para cubrir la plaza.
Fuentes, que interpretó que la plaza le correspondía por su condición de funcionario de carrera de la escala técnica y que el nombramiento de Otero carecía de garantía legal, interpuso un recurso contencioso administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), que declaró nulo el nombramiento del alcalde portuense.
Ahora, el juez Miguel Ángel López Marchena -conocido por la instrucción del caso Semilla o Manzanilla contra el narcotráfico- establece que las diligencias practicadas "evidencian que existen modos suficientes" para atribuir a Hernán Díaz Cortés la presunta culpabilidad de los hechos denunciados "por su participación en un delito de prevaricación y otro de nombramiento ilegal".
El abogado de Luis Fuentes, Antonio San Juan, confirmó que han solicitado la inhabilitación del alcalde para cargo público durante nueve años al entender que cometió un delito de prevaricación "por dictar una resolución injusta".