La educación infantil, a examen electoral

Raquel tiene una niña de seis meses y la angustia de no saber quién va a cuidarla después del verano. De momento, deja al bebé con su marido, desempleado, pero, cuando él empiece a trabajar en septiembre, se les viene encima un problema. "Hemos pedido plaza en una guardería pública, pero no tenemos muchas esperanzas de que nos la den", señala Raquel. En la región hay 156.000 niños menores de tres años. Y empieza la guerra de cifras. Según la Consejería de Educación, todos los años unos 6.000 se quedan sin plaza de guardería pública. Esa cifra sube a 10.000 niños si habla la Junta de Portavoces...

Raquel tiene una niña de seis meses y la angustia de no saber quién va a cuidarla después del verano. De momento, deja al bebé con su marido, desempleado, pero, cuando él empiece a trabajar en septiembre, se les viene encima un problema. "Hemos pedido plaza en una guardería pública, pero no tenemos muchas esperanzas de que nos la den", señala Raquel. En la región hay 156.000 niños menores de tres años. Y empieza la guerra de cifras. Según la Consejería de Educación, todos los años unos 6.000 se quedan sin plaza de guardería pública. Esa cifra sube a 10.000 niños si habla la Junta de Portavoces de Directores de Escuelas Infantiles y hasta 18.000 según las cifras que maneja CC OO. "El Gobierno regional tiene otras prioridades: en el curso 1998-1999 la región tenía 34 unidades de educación infantil concertadas [aulas], y ese número subirá para el curso que viene hasta las 1.758", denuncia Francisco García, responsable de Educación de CC OO.

"18.000 familias se han quedado sin plazas para niños de 0 a 3 años", según CC OO

En general, la inversión del Gobierno regional en los últimos cuatro años para los centros concertados ha subido un 40,8%, pasando de los 353 millones de euros del año 2000 a los 497 de este año. En cambio, el dinero destinado a los centros públicos ha subido sólo un 24,9%: de 1.607 millones de euros hace cuatro años a 2.000 millones en 2003.

La falta de plazas de guarderías y el "favoritismo" a los centros concertados son dos de los suspensos que se lleva el Gobierno regional en materia educativa, según los sindicatos y la oposición. Una gestión marcada por la marcha, en septiembre de 2001, del consejero Gustavo Villapalos. Villapalos fue sustituido por el actual consejero, Carlos Mayor Oreja.

Desde que en julio de 1999 el Gobierno regional asumió las competencias en educación, se le han abierto varios frentes más, como la falta de previsión para construir colegios en los nuevos barrios de Madrid (Sanchinarro, Montecarmelo, Las Tablas, Ensanche de Carabanchel y de Vallecas).

El vaso, lleno o vacío, según como se mire. La balanza se inclina positivamente hacia el Gobierno regional en el incremento de las plantillas de profesorado en la enseñanza pública, la creación de la Universidad Rey Juan Carlos, la extensión del inglés en la educación infantil o la dotación de aulas de informática a los centros públicos.

Algo que, según los sindicatos, se ha logrado gracias a la presión que han ejercido dentro del Acuerdo para la Mejora de la Calidad del Sistema Educativo, firmado en julio de 1999 y que caduca este año.

Para paliar las deficiencias en materia educativa, la Consejería de Educación anunció el año pasado la creación de 51.000 plazas escolares entre 2003 y 2004 y un gasto de 400 millones de euros en nuevos centros y ampliación de los existentes. PSOE y CC OO calificaron el anuncio de electoralista. El director general de Infraestructuras, Manuel Sanz, reconoció luego que, de las 51.000 plazas anunciadas, 17.500 ya fueron creadas en 2002.

Y, de nuevo, a juicio de oposición y sindicatos, la balanza vuelve a ser negativa respecto a la inmigración. Según las previsiones de la Consejería de Educación, a finales de este curso el número de alumnos extranjeros llegará a 67.000. Es decir, que el porcentaje de alumnado inmigrante es de siete chavales por cada cien. A comienzos del curso pasado ese porcentaje era sólo de cinco niños extranjeros por cada cien.

Educación creó las denominadas aulas de enlace, que han empezado a funcionar este año. Este programa consta de 132 clases especiales para inmigrantes que se incorporan al sistema educativo. Cada una de estas clases acoge a un máximo de 12 niños que comparten con los grupos ordinarios materias como música, gimnasia y plástica. Algunas críticas que hacen la oposición y los sindicatos es que las plazas son escasas y que cuando los chavales salgan del programa tendrán que marcharse a otro centro e integrarse de nuevo con otros niños.

El programa Aulas de Enlace suaviza la propuesta inicial hecha pública el pasado agosto y que pretendía crear unas clases en las que los extranjeros con retraso educativo estudiarían separados de los demás alumnos. Esta idea suscitó feroces críticas de la oposición, que se oponían a ese modelo por creer que crearía guetos dentro de los centros.