El fiscal acusa de prevaricación al primer edil de Marbella
El fiscal Juan Carlos López Caballero ha acusado de prevaricación y delito urbanístico a Julián Muñoz, alcalde de Marbella, por su implicación en el llamado caso Belmonsa: la concesión de una licencia y la firma de un convenio, por el que el Ayuntamiento prescindió de una plaza y una zona verde a cambio de un terreno y obras valorados en 83.829 euros. El expediente de este caso fue uno de los robados en los Juzgados de Marbella en 2001.
La comisión de Gobierno del 16 de mayo de 1997 otorgó licencia para construir un bloque de planta baja más 11, en una zona calificada en el PGOU ...
El fiscal Juan Carlos López Caballero ha acusado de prevaricación y delito urbanístico a Julián Muñoz, alcalde de Marbella, por su implicación en el llamado caso Belmonsa: la concesión de una licencia y la firma de un convenio, por el que el Ayuntamiento prescindió de una plaza y una zona verde a cambio de un terreno y obras valorados en 83.829 euros. El expediente de este caso fue uno de los robados en los Juzgados de Marbella en 2001.
La comisión de Gobierno del 16 de mayo de 1997 otorgó licencia para construir un bloque de planta baja más 11, en una zona calificada en el PGOU de 1986 como residencial, que sólo permitía baja más una. Parte del terreno, en primera línea de playa, había sido cedido por el Ayuntamiento, por un convenio firmado por Julián Muñoz. Se trataba de una parcela de 576 metros cuadrados que se valoró en 83.829 euros. Un informe pericial posterior dio un precio a la parcela en 2,22 millones.
En su escrito de acusación, el fiscal sostiene que "con el otorgamiento de la licencia se culminó un proceso tendente a favorecer económicamente a la empresa Belmonsa". En este caso están imputados los miembros de la comisión de gobierno, el gerente de Urbanismo, Juan Antonio Roca, y José Luis Sierra, entonces asesor jurídico del Ayuntamiento.
El convenio urbanístico había sido aprobado el 7 de marzo de 1997, "sin que en ningún momento se justificase adecuadamente la necesidad de la permuta, desde el punto de vista de los intereses generales", dice el escrito del fiscal. Este caso fue iniciado por una querella presentada por la portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Marbella, Isabel García Marcos.