Los chóferes de los autobuses públicos de Vizcaya debaten si mantienen el paro convocado hoy
La asamblea de trabajadores de los autobuses públicos de Vizcaya, que llevan tres semanas con huelgas parciales, debatía esta madrugada si mantenía el paro de 24 horas previsto para hoy. Los conductores estudiaban en un prolongado debate la última propuesta presentada ayer por la patronal, tras una reunión que duró toda la tarde.
El paro, si es que se mantiene, afectaría a cerca de 180.000 vizcaínos, puesto que están incluidas las principales empresas que realizan el servicio en la provincia: sólo se salvan las líneas que unen Bilbao con el área de Durango y Ondarroa, y las que conectan...
La asamblea de trabajadores de los autobuses públicos de Vizcaya, que llevan tres semanas con huelgas parciales, debatía esta madrugada si mantenía el paro de 24 horas previsto para hoy. Los conductores estudiaban en un prolongado debate la última propuesta presentada ayer por la patronal, tras una reunión que duró toda la tarde.
El paro, si es que se mantiene, afectaría a cerca de 180.000 vizcaínos, puesto que están incluidas las principales empresas que realizan el servicio en la provincia: sólo se salvan las líneas que unen Bilbao con el área de Durango y Ondarroa, y las que conectan la Margen Izquierda con el campus de la UPV. Además, estaban convocados paros también de 24 horas todos los lunes y viernes hasta el próximo 30 de mayo.
Los trabajadores iniciaron hace tres semanas paros parciales, de dos horas por la mañana y otras dos por la tarde, en protesta por la falta de acuerdo sobre el convenio colectivo. Sindicatos y empresa habían celebrado hasta ahora una veintena de reuniones sin avances significativos.
Este conflicto se ha suscitado cuando acaba de resolverse el conflicto de los autobuses privados, que durante mes y medio ha dejado sin transporte escolar a 38.000 niños y a miles de universitarios, trabajadores de fábricas y del Gobierno vasco y de usuarios de las líneas regulares entre Bilbao y otras capitales. La situación se resolvió con un laudo obligatorio impuesto por el Ejecutivo.