El plazo para demandar al inquilino moroso se reduce de 4 a 2 meses

Desalojar a un inquilino moroso será más rápido. El Gobierno informó ayer, en plena campaña electoral, de un paquete de medidas para fomentar el alquiler que permitirá reducir de cuatro a dos meses el plazo para demandar a un inquilino que no paga y establece un procedimiento más corto, que incluye juicios rápidos, para reclamar las rentas pendientes y conseguir el desahucio. Según el PSOE, estas modificaciones serán papel mojado a menos que vayan acompañadas de recursos económicos.

El alquiler, una alternativa para los que no pueden comprar piso después de que los precios...

Desalojar a un inquilino moroso será más rápido. El Gobierno informó ayer, en plena campaña electoral, de un paquete de medidas para fomentar el alquiler que permitirá reducir de cuatro a dos meses el plazo para demandar a un inquilino que no paga y establece un procedimiento más corto, que incluye juicios rápidos, para reclamar las rentas pendientes y conseguir el desahucio. Según el PSOE, estas modificaciones serán papel mojado a menos que vayan acompañadas de recursos económicos.

El alquiler, una alternativa para los que no pueden comprar piso después de que los precios se hayan disparado un 80% en cinco años, escasea. Este tipo de viviendas supone un 11% del parque en España, frente al 40% de media europea. El objetivo de las medidas del Gobierno, que forman parte de una reforma parcial de la Ley de Enjuiciamiento Civil y que se suman a una serie de beneficios fiscales para los arrendatarios, es reforzar las garantías de los caseros para que salgan al mercado del alquiler 100.000 pisos en tres años.

Según indicó ayer el Ministerio de Justicia a través de un comunicado, la Comisión de Justicia e Interior del Congreso ya ha aprobado la ponencia sobre el proyecto de Ley de Garantías de Bienes de Consumo, en el que se ha introducido una enmienda que articula "esta importante reforma". Los principales puntos de la reforma, cuya efectividad ha puesto en duda el PSOE, son los siguientes:

- Limitación de plazos. Se reduce de cuatro a dos meses el plazo para que los propietarios demanden a un inquilino que no paga su renta. Con esta medida, Justicia asegura que facilita los desalojos. En la actualidad, los procesos para reclamar por una parte el pago del alquiler y por otra el desahucio siguen caminos diferentes. Así, el casero puede llevar a juicio al inquilino moroso para desalojarle si no ha pagado las rentas de tres meses, pero para exigir el pago debe esperar otros 30 días.

Lo que suele suceder entonces es que el inquilino apura hasta poco antes de que se cumpla el cuarto mes sin pagar el alquiler para satisfacer de golpe su deuda y evitar, de forma automática, el desalojo. Es decir, el casero recibe su renta, pero no consigue echar de su vivienda a un inquilino que no ha sido puntual a la hora de satisfacer sus pagos.

- Juicios rápidos. La reforma prevé que la acción de desahucio y de la reclamación de rentas superiores a 3.000 euros se unifiquen y se resuelvan a través del juicio verbal (más rápido), en lugar del ordinario, como hasta ahora.

- Asistencia jurídica gratuita. Nombramiento inmediato de un abogado de oficio que represente al demandado para evitar, según el Gobierno, la paralización del proceso. Ahora, el inquilino moroso puede solicitar asistencia jurídica gratuita -"muchas veces" de forma "injustificada", dice el Gobierno- y las actuaciones se mantienen bloqueadas hasta que el colegio de abogados correspondiente decide si la petición del arrendado es procedente.

- Notificaciones. No será necesario, como hasta ahora, agotar las vías para hacer llegar al demandado las diferentes notificaciones que se deriven de los juicios de desahucio

. Bastará con entregarlas a cualquier habitante de la vivienda mayor de 14 años. "Por consiguente, el emplazamiento del demandado para la vista no sufrirá retraso alguno", indica Justicia.

El PSOE recibió de forma positiva estas medidas. La responsable socialista de vivienda, Cristina Narbona, recordó que su partido ya pidió estos cambios "como pieza de una política de vivienda más ambiciosa". Pero advirtió de que será "papel mojado" si no hay recursos suficientes. Narbona calcula que, si la reforma funciona, el tiempo para desalojar a un inquilino se podría reducir de dos a un año.