¿Derecho a la educación?

El nacimiento de un hijo es, posiblemente, el momento más profundamente humano que podemos experimentar. Aún no se ha apagado en nuestro corazón la alegría por el nacimiento de nuestro hijo, cuando comienza a surgir la sensación de la responsabilidad: esa criatura no ha elegido venir a este mundo, sino que hemos sido los padres los que hemos decidido traerla, y por tanto, somos los padres los que tenemos la responsabilidad, primero de cuidar de ella hasta que esté en disposición de cuidarse por sí misma, y segundo de darle lo que esté en nuestra mano para que pueda labrarse un futuro personal,...

El nacimiento de un hijo es, posiblemente, el momento más profundamente humano que podemos experimentar. Aún no se ha apagado en nuestro corazón la alegría por el nacimiento de nuestro hijo, cuando comienza a surgir la sensación de la responsabilidad: esa criatura no ha elegido venir a este mundo, sino que hemos sido los padres los que hemos decidido traerla, y por tanto, somos los padres los que tenemos la responsabilidad, primero de cuidar de ella hasta que esté en disposición de cuidarse por sí misma, y segundo de darle lo que esté en nuestra mano para que pueda labrarse un futuro personal, familiar y profesional.

Y uno de los ámbitos en que más claramente se proyecta dicha responsabilidad es en el de la educación. Lo que nuestros hijos sean en el futuro depende mucho de la educación que reciban hoy; y la educación que reciban hoy es, dado que ellos no tiene aún uso de razón, la que los padres optemos por darle.

Por eso, porque en el primer momento es a los padres a los que corresponde la decisión de qué orientación quieren para la educación de sus hijos, es por lo que la Constitución dice en su artículo 27.3 que "los poderes públicos garantizan el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones". Este derecho subjetivo constitucional exige a los poderes públicos poner lo medios para que se vea satisfecho.

Es decir, que si los padres quieren para sus hijos una educación basada en unos principios religiosos y morales, los poderes públicos tienen que volcar sus esfuerzos (personales y materiales) para darles satisfacción, y no de otro modo puede entenderse el derecho a la educación.

Sin embargo, la Junta de Andalucía se pasa los principios constitucionales por el arco del triunfo. Así de claro y así de rotundo: la Junta de Andalucía está negando a un importante número de andaluces el derecho a elegir para sus hijos el Colegio que ofrezca una educación basada en sus principios religiosos y morales. Si quieren, lo digo más claro: la Junta de Andalucía está vulnerando el derecho constitucional a la educación.

Todo esto viene a cuento de que esta semana ha tenido lugar en muchos centros educativos de Andalucía el "sorteo" para cubrir las plazas en Educación Primaria. Pocos sistemas podía haber ideado la Junta de Andalucía más perversos para cubrir dichas plazas que el sorteo, pero no debemos dejarnos confundir: el problema no es el sistema para cubrir unas plazas que son escasas, sino precisamente la escasez de esas plazas, es decir, el incumplimiento por la Junta de Andalucía de su obligación de poner los medios para que haya suficientes plazas en los centros que demandan los andaluces.

Líbreme Dios de querer mediar en la polémica entre enseñanza pública y enseñanza privada. No pretendo (no es el momento ni el lugar) discutir sobre si la enseñanza privada es de mayor calidad que la pública, o si la enseñanza pública es más solidaria que la privada. No quiero enfocar el problema desde esa perspectiva.

Quiero, en cambio, acercarme a él desde la perspectiva de los padres que quieren dar a sus hijos una educación sustentada sobre unos determinados valores religiosos y morales, y no pueden. Estos padres, en gran número, se ven privados de este derecho por la negligencia, la incompetencia, la ineptitud y, posiblemente, la torcida voluntad de la Junta de Andalucía.

Si los andaluces queremos mayoritariamente una educación basada en principios cristianos, la Junta de Andalucía tiene que poner los medios personales y económicos para dar satisfacción al derecho que nos asiste a los padres, concertando el suficiente número de plazas con los colegios que ofrecen dicha enseñanza, o ampliando los conciertos que tiene ya suscritos. Los propios Centros están dispuestos a ampliar su oferta educativa, incrementando el número de plazas escolares. Lo demás es ir contra los deseos (y los derechos) de los andaluces.

En consecuencia, las pocas plazas que ofrecen los colegios concertados hay que sortearlas entre los muchos hijos de los padres que queremos para ellos la educación que en esos Centros van a recibir. Y, obviamente, hay un número importante que no obtienen plaza, que ven frustrado su derecho y su aspiración a dar a sus hijos la educación que desean. Pocos momentos más dramáticos he vivido en mi vida como padre que aquel en que el nombre de mi hijo entró en el bombo para ser sorteado. Tan mal lo pasamos, que no puedo desear ese trance ni para mi peor enemigo; comprendo bien, pues, a todos los padres que estos días están viviendo esa angustia de la incertidumbre sobre la educación que recibirán sus hijos.

Es la tradicional desconfianza de los partidos de izquierdas hacia una educación en libertad, porque el hombre que es libre para elegir (y la educación que reciba es la que determinará el mayor o menor grado de análisis en que se base dicha libertad) difícilmente apoyará los postulados del socialismo real: y si no, vean lo que pasó en los países "de la órbita socialista". En el fondo, lo que late es el recelo del socialismo hacia la libertad, no vaya a ser que, por ser libres, los andaluces decidamos apoyar y dar nuestro voto a otro.