Aparcamiento infantil
Existe un amplísimo conocimiento científico sobre la importancia que tiene para el desarrollo emocional y educativo de los niños la etapa que va desde el nacimiento hasta los tres años. En ello se basó el legislador cuando, en octubre de 1990, siendo mayoritario el Grupo Socialista, definió en la Ley de Ordenación General del Sistema Educativo que la etapa de cero a tres años tenía carácter educativo. En concordancia con esta calificación, la LOGSE regulaba los requisitos mínimos que debían cumplir las guarderías para poder prestar este servicio, desde el espacio físico a la cualificación del ...
Existe un amplísimo conocimiento científico sobre la importancia que tiene para el desarrollo emocional y educativo de los niños la etapa que va desde el nacimiento hasta los tres años. En ello se basó el legislador cuando, en octubre de 1990, siendo mayoritario el Grupo Socialista, definió en la Ley de Ordenación General del Sistema Educativo que la etapa de cero a tres años tenía carácter educativo. En concordancia con esta calificación, la LOGSE regulaba los requisitos mínimos que debían cumplir las guarderías para poder prestar este servicio, desde el espacio físico a la cualificación del personal, que debía estar formado por maestros especialistas en educación infantil y cuidadores titulados en cursos de formación profesional.
En una carambola con marcha atrás, la ministra de Educación, Pilar del Castillo, ha elaborado un decreto de desarrollo de la Ley de Calidad de la Educación que, desmintiendo el rimbombante título de la norma que pretende desplegar, considera la etapa de cero a tres años como meramente asistencial y elimina los requisitos que establecía la LOGSE para garantizar una calidad mínima en el servicio que prestan las guarderías. El decreto vuelve a referirse a esta etapa como "preescolar", se limita a establecer que será impartida "por profesionales con la debida cualificación" y pasa la responsabilidad de los posibles incumplimientos de los requisitos mínimos derogados a las comunidades autónomas, a las que corresponderá, si quieren, establecer las condiciones que deberán reunir los centros.
Volvemos, pues, al concepto de guardería como mero aparcamiento de niños, más como negocio que como servicio público. Los intereses económicos de los empresarios que tienen guarderías son respetables, pero la desregulación que pretende consumar el Gobierno de Aznar en este delicado ámbito educativo va más allá de toda lógica.
Cumplir el requisito de que no haya más de 20 niños de tres años por educador, que éste tenga una titulación acreditada, que las aulas tengan un mínimo de dos metros por alumno, que la guardería tenga patio y un acceso propio, como se exigía, resulta bastante más caro que montar un garaje de niños en los bajos de un immueble con un parque público en las inmediaciones como patio de recreo. Cuando se trata del cuidado de niños en su primera infancia, no debería ser la cuenta de explotación el único criterio a tener en cuenta. Ya que el Estado no es capaz de ofrecer una plaza pública para los niños de esta edad, debería garantizar al menos a los padres que los servicios privados a los que tendrán que recurrir reúnan unos mínimos requisitos de calidad.