El Gobierno vasco aprueba una serie de garantías para los detenidos incomunicados
El Gobierno vasco aplicará de inmediato a los detenidos por la Ertzaintza e incomunicados en virtud de la Ley Antiterrorista un protocolo que busca garantizar a los arrestados, a sus familiares y a la sociedad en su conjunto que la incomunicación no facilita "espacios opacos o de impunidad" que pueden permitir la práctica de malos tratos. La medida busca también librar a los agentes de la sombra de la sospecha por las denuncias de torturas del ámbito afín al terrorismo.
El protocolo, que detalla una cincuentena de pasos a cumplir, no incluye la instalación de cámaras de vídeo como recla...
El Gobierno vasco aplicará de inmediato a los detenidos por la Ertzaintza e incomunicados en virtud de la Ley Antiterrorista un protocolo que busca garantizar a los arrestados, a sus familiares y a la sociedad en su conjunto que la incomunicación no facilita "espacios opacos o de impunidad" que pueden permitir la práctica de malos tratos. La medida busca también librar a los agentes de la sombra de la sospecha por las denuncias de torturas del ámbito afín al terrorismo.
El protocolo, que detalla una cincuentena de pasos a cumplir, no incluye la instalación de cámaras de vídeo como reclamaban algunos colectivos. "La participación directa de un número elevado de profesionales autónomos contrastados es más eficaz que una máquina", dijo el consejero de Interior, Javier Balza, quien presentó el protocolo con su colega de Justicia, Joseba Azkarraga.
Las medidas, algunas de las cuales se han aplicado ya ocasionalmente, se han unificado en una propuesta articulada tras las detenciones de los directivos de Egunkaria, que denunciaron torturas durante su permanencia en dependencias de la Guardia Civil, y de otras interpuestas contra la propia policía vasca por detenidos en los últimos meses.
El protocolo prevé el establecimiento de una vía de comunicación para los familiares de los detenidos, con un teléfono en servicio durante las 24 horas, en el que las comunicaciones se grabarán y se les informará sobre el estado de los arrestados.
Los familiares directos tendrán derecho a saber el motivo y el lugar de la detención y el estado de salud del arrestado, el régimen de administración de medicamentos y de entrega de efectos personales. Habrá igualmente controles médico-forenses diarios efectuados cada vez por un médico distinto y con la presencia de un secretario judicial.
Balza señaló que incomunicación no debe ser sinónimo de aislamiento. Tal y como se practica, sostuvo el consejero, "no se ajusta a la legislación y es utilizada como una forma de castigo o venganza que nada tiene que ver con sus fines".