Memoria en barbecho

Ricardo Limia es un anciano resolutivo que no aparenta los 87 cumplidos. Habla con la libertad de quienes creen que nada de lo que pueda ocurrirle en el futuro será peor que lo ya vivido. Es un represaliado del franquismo, un antiguo preso, un superviviente que se queja del tardío reconocimiento de la sociedad española a las víctimas de la posguerra y la dictadura. Su pesar suena como un zarpazo: "Llega tarde". "De los 108 que estábamos en Dos Hermanas sólo quedo yo".

El anciano se refiere al proceso de recuperación de la reciente historia española que recorre como un virus contagioso l...

Ricardo Limia es un anciano resolutivo que no aparenta los 87 cumplidos. Habla con la libertad de quienes creen que nada de lo que pueda ocurrirle en el futuro será peor que lo ya vivido. Es un represaliado del franquismo, un antiguo preso, un superviviente que se queja del tardío reconocimiento de la sociedad española a las víctimas de la posguerra y la dictadura. Su pesar suena como un zarpazo: "Llega tarde". "De los 108 que estábamos en Dos Hermanas sólo quedo yo".

El anciano se refiere al proceso de recuperación de la reciente historia española que recorre como un virus contagioso las universidades, las editoriales y los medios. Se abren fosas con restos de cadáveres enterrados desde hace décadas, se editan libros sobre siniestros episodios de la posguerra y se rinde homenaje a las víctimas, muchas ya fallecidas como ese centenar largo de personas que menciona Ricardo Limia y que, al igual que él, engrosaron una vasta colonia de reclusos utilizados en la construcción del Canal del Bajo Guadalquivir como mano de obra barata y disciplinada entre 1940 y 1962.

Entre 10.000 y 12.000 personas trabajaron en la obra hidráulica enmarcada en la transformación para regadíos de las marismas del Guadalquivir, según estimaciones de Cecilio Gordillo, el coordinador de la iniciativa El canal de los presos con la que el sindicato CGT quiere combatir el olvido de las víctimas. De momento, las pesquisas de la organización han permitido rastrear a 150 personas vivas que estuvieron relacionadas con la obra, según Gordillo. "El trabajo que hemos hecho ha enriquecido a una porrada de terratenientes", censura Limia antes de concluir con pesar que ninguno de quienes arrimaron el hombro "hemos visto una chica o un reconocimiento".

El tributo les llega demasiado tarde a algunos. A otros, que todavía pueden verlo, les emociona como a Domingo Vidal Durán, de 67 años, obligado a trabajar en la obra por razones ajenas a la política. Tenía 11 años cuando comenzó la sublevación militar franquista, pero un anónimo en el que exigía dinero escrito años después le costó un consejo de guerra y una pena de 12 años y un día. Lo encarcelaron en El Puerto de Santa María y Jerez (Cádiz) hasta que finalmente lo enviaron a un campo de concentración, desde donde lo trasladaban a diario a las obras del Canal del Bajo Guadalquivir. "Los primeros días eran muy malos, trabajabas a pico y pala, pero comparada con la del penal, la comida era buena", recuerda.

Calcula que compartía con otro millar de presos el campo de concentración de Merinales: "Nos sacaban en camiones a trabajar a Alcalá o Torreblanca". En un ciclo de conferencias sobre la época, el historiador Antonio Miguel Bernal explicó que algunos poblados sevillanos como Bellavista, Palmar de Troya o Merinales surgieron alrededor de los campos de concentración "formados por los familiares de los presos que trabajaron en el canal".

Esta infraestructura está considerada como el proyecto más significativo de los construidos en las provincias andaluzas occidentales por presos políticos, a quienes se les aplicaba un programa de redención de penas mediante el trabajo. Las empresas privadas podían beneficiarse de los servicios de la barata mano de obra, agrupada en las colonias penitenciarias militarizadas. Por eso desde CGT miran más allá de la "responsabilidad del Estado" en la utilización de presos para apelar también a la de "grandes empresas" que se aprovecharon de ellos, a semejanza del debate abierto en otros países europeos donde se esclavizaron presos como en el caso del régimen nazi.

Al margen de las compensaciones económicas, el sindicato persigue la "reparación moral hacia una personas que vivieron doblemente los efectos de la dominación y explotación de los regímenes totalitarios". El proceso de recuperación de la memoria republicana llena de orgullo a Juan José Contreras pero no le hace perder el tono crítico. Contreras, un jiennense de 84 años que fue senador en la primera legislatura y que contactó con los presos del canal porque era el encargado de suministrarle combustible, se confiesa "contentísimo" por los homenajes y pesaroso por la tardanza. "Soy socialista desde los 16 años y me da mucha pena que lo que se está haciendo ahora no lo haya hecho durante 16 años el Gobierno socialista".