Asuntos Sociales suspende el internamiento de los nueve menores escondidos desde hace dos meses
La familia se compromete a escolarizarlos y a someterse al control autonómico
La Junta de Andalucía paralizó ayer la orden de internamiento en cuatro centros de protección de nueve menores, con edades comprendidas entre los 9 meses y los 15 años, que permanecen escondidos y sin escolarizar desde hace dos meses. Los familiares de los menores, que son hijos de dos hermanas que viven en el Polígono Norte, en Sevilla, decidieron ocultarlos para evitar su ingreso en cuatro centros diferentes después de que la Junta de Andalucía dictase una orden de desamparo. La familia pide que la suspensión se prolongue durante tres meses como mínimo.
El delegado provincial de Asunt...
La Junta de Andalucía paralizó ayer la orden de internamiento en cuatro centros de protección de nueve menores, con edades comprendidas entre los 9 meses y los 15 años, que permanecen escondidos y sin escolarizar desde hace dos meses. Los familiares de los menores, que son hijos de dos hermanas que viven en el Polígono Norte, en Sevilla, decidieron ocultarlos para evitar su ingreso en cuatro centros diferentes después de que la Junta de Andalucía dictase una orden de desamparo. La familia pide que la suspensión se prolongue durante tres meses como mínimo.
El delegado provincial de Asuntos Sociales de Sevilla, Francisco Obregón, dictará el lunes la resolución mediante la que se suspende la orden de internamiento de los menores en cuatro centros de protección. Ayer mismo notificó esta decisión verbalmente a la policía autonómica para que anule la petición de retirada, que estaba pendiente desde el pasado 5 de febrero. La suspensión temporal se acuerda sin plazo límite, aunque los abogados de los afectados piden que no sea inferior a tres meses.
La decisión se adoptó, según la Administración autonómica, "en vista de la voluntad de colaboración mostrada por los abogados y la familia". En concreto citaron el compromiso adoptado por los familiares para escolarizar a los menores y también para mejorar las condiciones de habitabilidad de las viviendas, según una portavoz de Asuntos Sociales.
Los nueve niños, que son hijos de las hermanas Francisca y Manuel M. L., están escondidos desde el pasado 5 de febrero, cuando tenían que haber acudido a la delegación provincial de Asuntos Sociales para que se materializase la retirada y se procediese a su traslado a cuatro centros. Esta decisión, adoptada por la comisión provincial de medidas de protección que preside el delegado de Asuntos Sociales, se tomó ante la persistencia de "una situación que lleva tiempo afectándoles", según declaró Obregón cuando el caso fue denunciado por la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía el pasado mes de marzo.
En la resolución de Asuntos Sociales se aludía a una "pelea" conyugal denunciada por una de las madres y al encarcelamiento de los progenitores de cinco niños como algunos de los factores que justificaban la intervención autonómica. El abogado José Antonio Bosch, que ha presentado un recurso ante el juzgado de familia para pedir la nulidad de la orden de desamparo, indicó ayer que desconoce el expediente administrativo que desemboca en la retirada de los niños.
Bosch destacó la voluntad de la familia para firmar un convenio que plasme su disposición a someterse a medidas de control por parte de Asuntos Sociales. El abogado señaló igualmente que cuatro ONG, además de Derechos Humanos, se han comprometido a implicarse para contribuir a resolver los problemas que lastren el crecimiento de los niños en su entorno. Aunque mostró su satisfacción por la decisión de Asuntos Sociales en este caso, Bosch lamentó que "practiquen la cirugía cuando deberían aplicar medicina preventiva".