Álvarez acusa al Gobierno de defender intereses particulares de Cajasur con su recurso al TC

La Junta y el PP hicieron ayer lecturas opuestas de la decisión del Tribunal Constitucional de admitir a trámite el recurso del Gobierno central contra la modificación de la Ley andaluza de Cajas, lo que suspende cautelarmente la norma autonómica que dificultaba que Cajasur pasase a ser controlada por el Ministerio de Economía. Mientras la consejera de Economía, Magdalena Álvarez, achacó esta iniciativa del Gobierno a la defensa de "intereses particulares de Cajasur", en referencia a su presidente, Miguel Castillejo, los populares aplaudieron la decisión.

Tanto Álvarez como el consejero...

La Junta y el PP hicieron ayer lecturas opuestas de la decisión del Tribunal Constitucional de admitir a trámite el recurso del Gobierno central contra la modificación de la Ley andaluza de Cajas, lo que suspende cautelarmente la norma autonómica que dificultaba que Cajasur pasase a ser controlada por el Ministerio de Economía. Mientras la consejera de Economía, Magdalena Álvarez, achacó esta iniciativa del Gobierno a la defensa de "intereses particulares de Cajasur", en referencia a su presidente, Miguel Castillejo, los populares aplaudieron la decisión.

Tanto Álvarez como el consejero de la Presidencia, Gaspar Zarrías, abundaron en que la suspensión de la modificación de la Ley andaluza de Cajas era una decisión esperada desde el momento en que el Gobierno central recurrió, en febrero, la norma autonómica ante el Constitucional. "Es una medida cautelar a la que hay que dar una importancia muy relativa, ya que es un trámite normal dentro de los procedimientos que sigue el Constitucional", indicó Zarrías, quien señaló que el procedimiento judicial, con varios frentes abiertos en el conflicto con Cajasur, va a ser "largo y complejo, con resoluciones de todo tipo hasta que haya una sentencia definitiva".

Por su parte, la consejera de Economía aseguró que la decisión del Constitucional "no es un revés judicial" por cuanto se trata de una resolución rutinaria cuando el Gobierno central recurre alguna norma autonómica: el Tribunal tendrá ahora que decidir si mantiene la suspensión cautelar en un plazo de cinco meses y, luego, pronunciarse sobre el contenido del recurso. "Sí me sorprendió cuando el Gobierno recurrió [en febrero], en lo que significa decantarse en la defensa de los intereses particulares de Cajasur", añadió Álvarez, quien dijo que esta actitud "debe ser motivo de reflexión para los ciudadanos".

La consejera achacó la iniciativa del Gobierno central a su "lucha numantina para que no se conozca lo que pasa" en la entidad cordobesa y recordó que éste es un "posicionamiento en defensa de una caja que está siendo investigada por la Fiscalía Anticorrupción" a raíz de una denuncia de la Junta, que apreció indicios de apropiación indebida y falsedad documental en la gestión de Cajasur en los tres últimos ejercicios.

"Caos jurídico"

Álvarez criticó el "caos jurídico" motivado por el desconocimiento de la Junta sobre qué parte de la modificación de la Ley andaluza de Cajas ha sido suspendida por la iniciativa del Gobierno. Una fuente del Tribunal Constitucional confirmó ayer que la admisión a trámite del recurso suspende la disposición quinta incluida en esta modificación y que esa información había sido remitida a la Administración autonómica: este punto endurecía los requisitos exigidas por la Ley Financiera (estatal) a Cajasur para pasar a ser controlada por el Ministerio de Economía y evitar así la tutela administrativa de la Junta. En cualquier caso, la caja obvió la norma autonómica ahora suspendida y siguió adelante con el proceso de adhesión a la Ley Financiera, que culminó hace dos semanas con la aprobación de nuevos estatutos que elevan la representación de la Iglesia del 35% al 46%.

Por tanto, la suspensión cautelar no afecta al resto de las modificaciones de la Ley andaluza de Cajas y el proceso de adaptación de las otras cinco entidades regionales (Unicaja, La General, El Monte, Caja San Fernando y Caja de Jaén) a la Ley Financiera puede continuar: ahora la Junta tienen que publicar una orden o reglamento que especifique como realizar los cambios en los órganos de gobierno para ajustarse a los nuevos porcentajes de representación (27% impositores, 22% Ayuntamientos, 15% Junta, 15% empleados, 13% fundadores y 8% otras instituciones de finalidad social) definidos para evitar que el poder público ponga más de la mitad de los sillones de los Consejos de Administración de las cajas.

La presidenta regional del PP, Teófila Martínez, también llamó a "reflexionar" tras la decisión del Constitucional, pero en un sentido opuesto al planteado por Álvarez. "Poco a poco se va a ir demostrando que el Gobierno de Manuel Chaves ha ido más allá de lo razonable en su persecución a Cajasur", aseguró la dirigente popular.

"Su actitud con Cajasur no es más que un suma y sigue de una escalada de despropósitos que avergonzaría a cualquier Gobierno responsable", continuó Martínez, quien exigió a Chaves más dedicación a gestionar "esos más de tres billones de pesetas que dispone de presupuesto". "Desde la Junta se está realizando una cacería política contra Cajasur", coincidió el coordinador del PSA, Pedro Pacheco.