Valencia recurrirá la anulación por el TSJ del plan del barrio de Orriols

El concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Valencia, Miquel Domínguez, anunció ayer que recurrirá ante el Supremo la sentencia del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) que anula el Programa de Actuación Integrada (PAI) y el plan parcial de Orriols, aprobados en 1997. El fallo afirma que no se respetaron los plazos de información pública, ya que la propuesta elegida no se sometió a los "mecanismos de publicidad" exigidos por la Ley de Contratos de la Administración Pública, con lo que ha quedado "en entredicho la transparencia de la contratación".

Domínguez minimizó el alcance de un fal...

El concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Valencia, Miquel Domínguez, anunció ayer que recurrirá ante el Supremo la sentencia del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) que anula el Programa de Actuación Integrada (PAI) y el plan parcial de Orriols, aprobados en 1997. El fallo afirma que no se respetaron los plazos de información pública, ya que la propuesta elegida no se sometió a los "mecanismos de publicidad" exigidos por la Ley de Contratos de la Administración Pública, con lo que ha quedado "en entredicho la transparencia de la contratación".

Domínguez minimizó el alcance de un fallo judicial que anula la planificación de una zona en la que se han construido 3.000 viviendas y dotaciones. Según el concejal, en caso de que el Tribunal Supremo no aceptara el recurso, el Ayuntamiento se limitaría a repetir los trámites de información pública, lo que no tendría efecto práctico. Para Domínguez, no cabe paralizar posibles licencias pendientes en la zona.

El responsable de Urbanismo esgrimió una sentencia de la misma sección de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJ que en diciembre de 2002 rechazó un recurso sobre el plan parcial de Orriols en relación con los plazos de exposición pública, y argumentó que el tribunal se contradice.

Domínguez considera que el TSJ pretende insistir en su desacuerdo con algunos artículos de la Ley Reguladora de la Actividad Urbanística (LRAU), sobre la que presentó una cuestión de inconstitucionalidad que fue rechazada. El TSJ, al anular el plan de Orriols también cita artículos de la LRAU y acaba reprochando al Consistorio la "manifiesta inconsistencia del procedimiento para la selección del urbanizador", ya que al final la propuesta elegida se materializó a dos días de cerrarse la exposición pública y no fue sometida al mismo control que las restantes ofertas.