La ley que amplía las penas a etarras pasa el primer trámite sin apoyo de CiU y PNV

El Congreso aprobó ayer iniciar la tramitación de la reforma legal que amplía el cumplimiento máximo de penas a terroristas de 30 a 40 años. Los nacionalistas vascos (PNV y EA) rechazaron la nueva ley, y los catalanes de CiU se abstuvieron. Los votos de PP, PSOE, Coalición Canaria y Partido Andalucista derrotaron las seis enmiendas a la totalidad de IU, PNV, BNG, EA, Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) e Iniciativa per Catalunya (ICV). Pese al apoyo del PSOE, el diputado de este grupo Juan Fernando López Aguilar criticó el "electoralismo" del PP y el lenguaje "bravucón y altisonante" del G...

El Congreso aprobó ayer iniciar la tramitación de la reforma legal que amplía el cumplimiento máximo de penas a terroristas de 30 a 40 años. Los nacionalistas vascos (PNV y EA) rechazaron la nueva ley, y los catalanes de CiU se abstuvieron. Los votos de PP, PSOE, Coalición Canaria y Partido Andalucista derrotaron las seis enmiendas a la totalidad de IU, PNV, BNG, EA, Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) e Iniciativa per Catalunya (ICV). Pese al apoyo del PSOE, el diputado de este grupo Juan Fernando López Aguilar criticó el "electoralismo" del PP y el lenguaje "bravucón y altisonante" del Gobierno.

La reforma legal inició su andaduda antes de convertirse en ley por 264 votos a favor, 16 en contra y 12 abstenciones. La norma exige a los terroristas condenados el arrepentimiento por carta, que pidan perdón a sus víctimas y el resarcimiento de los daños causados para poder acceder al beneficio penitenciario de la libertad condicional. Aquellos condenados que deban cumplir la máxima pena, 40 años, sólo podrán lograr la libertad cuando hayan cumplido 35 años.

El Congreso aprobó ayer el texto remitido por el Gobierno y la próxima semana incorporará como enmienda el acuerdo alcanzado entre el PP y PSOE, que amplía los efectos de la ley en materia de beneficios penitenciarios a los etarras que ya cumplen condena.

El ministro de Justicia, José María Michavila, insistió en la conveniencia de esta reforma, que envía a ETA el mensaje de que "se ha acabado la impunidad" y que "España ya no será el país donde resulte más barato cometer atentados terroristas". Recordó el ministro que ningún terrorista cumple ahora la pena máxima de 30 años que establece la vigente legislación y puso un ejemplo que consideró muy grave: un etarra que cometió seis asesinatos y al que se condenó a 221 años sólo cumplió el 9% de la pena.

En alusión al PNV e IU -"siempre son los mismos los que se oponen", señaló-, recordó que cuando se debatió la Ley de Partidos ambos grupos vaticinaron "consecuencias imprevisibles" y "luego la realidad es otra", porque "a cada paso que damos es ETA la que pierde espacio".

Principio de reinserción

El portavoz socialista, Juan Fernando López Aguilar, defendió la reforma pero se mostró crítico con el Gobierno, al que pasó factura por su conducta durante el proceso negociador. López Aguilar tildó al Gobierno de "electoralista" por lanzar esta reforma coincidiendo con un incremento de la inseguridad ciudadana y al margen del Pacto Antiterrorista. El diputado socialista reprochó a Michavila la utilización de un "lenguaje bravucón y altisonante" por descalificar el Código Penal de 1995, aprobado en la etapa de Gobierno socialista.

El ministro de Justicia llegó a decir que el Código Penal de 1995, que endurecía mucho las penas respecto al de 1973, invitaba a delinquir. López Aguilar reivindicó el importante papel del PSOE en la negociación al introducir modificaciones "para garantizar el respeto al principio constitucional de reinserción, que no figuraba en el proyecto inicial del Gobierno".

También expresó su disposición a tratar de aumentar el consenso durante la tramitación parlamentaria y se refirió a la posibilidad de incorporar algunas de las enmiendas técnicas presentadas por Manel Silva, de CiU, partido que ayer se abstuvo en la votación de las enmiendas a la totalidad y que centró su crítica al proyecto en que "se aproxima peligrosamente a la cadena perpetua y, por tanto, es restrictivo con la reinserción".

Luis Carlos Rejón, de IU, también atacó la reforma por considerarla contraria al principio constitucional de reinserción del delincuente. López Aguilar cree que en la tramitación parlamentaria "puede haber acercamiento de posiciones no sólo con CiU sino también con IU, porque tras la negociación con el Gobierno se introdujo una cierta proporcionalidad en el cumplimiento de las penas, incluso en los casos de asesinatos múltiples por terrorismo".

La posición del PNV, que defendió Margarita Uría, y de los partidos nacionalistas del Grupo Mixto -ERC, EA, BNG-, que presentaron enmiendas a la totalidad, fue tajante. "La reforma es oportunista, electoralista, inconstitucional, innecesaria, ineficaz y regresiva", señalaron unos y otros. Uría y Begoña Lasagabaster (EA) coincidieron en la "dudosa eficacia" de esta reforma, que al endurecer las penas a los etarras "alimentará el victimismo" de la banda terrorista. "No tendrá efectos disuasorios, porque a ETA le encanta hablar en sus comunicados de sus presos encarcelados. La razón de ser de la reforma es electoralista", insistió Uría.