Balza niega que se exija a los escoltas datos privados de sus protegidos

El consejero de Interior del Gobierno vasco, Javier Balza, acusó ayer al portavoz del PP en la Comisión de Interior del Parlamento de Vitoria, Carlos Urquijo, de comportamiento "indecente" y "juego sucio" por intentar hacer ver que su departamento exige y recibe informes sobre las actividades privadas de personas escoltadas.

La negativa de estas prácticas por el consejero motivó que Urquijo leyera textualmente uno de los partes que los escoltas, en este caso un ertzaina, según dijo, elaboran a diario. En él constan con todo detalle los movimientos durante una jornada de una perso...

El consejero de Interior del Gobierno vasco, Javier Balza, acusó ayer al portavoz del PP en la Comisión de Interior del Parlamento de Vitoria, Carlos Urquijo, de comportamiento "indecente" y "juego sucio" por intentar hacer ver que su departamento exige y recibe informes sobre las actividades privadas de personas escoltadas.

La negativa de estas prácticas por el consejero motivó que Urquijo leyera textualmente uno de los partes que los escoltas, en este caso un ertzaina, según dijo, elaboran a diario. En él constan con todo detalle los movimientos durante una jornada de una persona con protección y se reflejan momentos como un encuentro con sus padres, la visita a la oficina de su cónyuge o la devolución de una película en un vídeoclub. Urquijo dijo que ese tipo de informes "tienen que ver poco con la seguridad y mucho con el espionaje y el cotilleo".

El consejero obtuvo de Urquijo la fecha del parte con el fin de identificar a quién corresponde y advirtió al parlamentario popular: "De esto sólo puede salir o un expediente a un ertzaina por hacer mal su trabajo o una acusación formal de juego sucio hacia usted por haber preparado esto con un escolta, y creo más lo segundo que lo primero". Balza aseguró que los escoltas tienen instrucción expresa de no reflejar en sus partes más datos sobre actividades privadas que el municipio donde se desarrollan y dijo que sus prácticas están coordinadas y son similares a las del Ministerio del Interior con los escoltas que de éste dependen.

Esta polémica se suscitó después de que 15 guardas jurados denunciaran haber sido despedidos por sus empresas por haberse negado a entregar partes en los que se recogían datos muy concretos sobre la vida privada de sus protegidos. El consejero recordó que de ellos, 10 correspondían a empresas contratadas por el Ministerio del Interior. Balza añadió que es "falso" que los despidos se debieran a ese tipo de razones y recordó que las empresas alegaron que rescindieron los contratos por no entregar la pistola antes de marcharse de vacaciones, no devolver los coches de servicio, insultar a superiores o no acudir a prestar el servicio previsto.