Las diputaciones mantienen su pulso con Interior pese al fallo de la Comisión Arbitral

El Gobierno vasco ganó a las diputaciones la batalla judicial por aclarar quién debe gestionar el tráfico en las carreteras. Sin embargo, la resolución emitida el martes por la Comisión Arbitral no ha solucionado las profundas diferencias entre las instituciones. Los tres gobiernos forales insisten en defender sus competencias en materia de carreteras y aseguran que no invaden las del Departamento de Interior. Por eso, siguen firmes en su intención de mantener sus propios centros de control del tráfico y de poner trabas a los permisos de obras que les pide el Ejecutivo.

Las relaciones e...

El Gobierno vasco ganó a las diputaciones la batalla judicial por aclarar quién debe gestionar el tráfico en las carreteras. Sin embargo, la resolución emitida el martes por la Comisión Arbitral no ha solucionado las profundas diferencias entre las instituciones. Los tres gobiernos forales insisten en defender sus competencias en materia de carreteras y aseguran que no invaden las del Departamento de Interior. Por eso, siguen firmes en su intención de mantener sus propios centros de control del tráfico y de poner trabas a los permisos de obras que les pide el Ejecutivo.

Las relaciones entre Interior y los departamentos forales de carreteras siguen igual de crispadas que antes de que ayer se conociese la resolución de la Comisión Arbitral, el máximo órgano del País Vasco para dirimir los conflictos de competencias entre las instituciones. El fallo defiende claramente los postulados de Interior, que recurrió un decreto foral alavés que daba cobertura legal al centro provincial de control de las carreteras. La consejería pretende crear su propio centro, único para toda la comunidad. Sin embargo, no ha podido sacar adelante su proyecto porque las diputaciones no le han concedido los permisos de obras correspondientes para instalar la señalización vertical, los postes de socorro y los semáforos en las principales carreteras.

Por la reacción de las diputaciones, parece que su actitud no cambiará pese a la resolución judicial. Los gobiernos forales defienden que las carreteras son de su titularidad, y, por tanto, pueden instalar allí cuanta señalización crean oportuna, destinada a controlar el estado de las vías. La viceconsejera de Interior, Pilar Martínez, les ha acusado de "obstaculizar" su labor y les ha solicitado que cambien "su actitud". Sin embargo, las diputaciones se mantienen firmes.

Los gobiernos forales argumentan que no han denegado los permisos de obras al Ejecutivo, sino que se le ha requerido "la misma documentación que a cualquier otra institución". Aun así, admiten que no han puesto facilidades en absoluto. De hecho, Interior ha presentado varias denuncias contra las tres diputaciones en la jurisdicción de lo Contencioso-administrativo por este hecho.

Aunque la resolución afecta por igual a las tres diputaciones, la de Álava es la principal aludida, dado que el motivo del recurso es un decreto suyo aprobado en julio pasado. La Diputación, sin embargo, se ha refugiado estos días en un argumento formal para no ofrecer una interpretación del contenido de la resolución. Asegura que aún no ha recibido oficialmente la comunicación de la Comisión Arbitral -la propia Diputación se ha negado a que le sea enviada por fax- y ha acusado al propio organismo dirigido por Manuel María Zorrilla, presidente del Tribunal Superior vasco, de dar "un trato de favor" al Gabinete.

Álava está incluso sopesando la posibilidad de presentar un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional. Este acto supondría, de hecho, cuestionar la propia existencia de la Comisión Arbitral ya que, al crearse ésta, se le consideró la última instancia jurisdiccional a la que acudir, es decir, sin posibilidad de recurso. La ley de 1994 que regula su funcionamiento deja claro que no es posible acudir ante ningún otro tribunal contencioso, lo que Álava ahora cuestiona.

Malas relaciones

La reacción de las tres diputaciones a la resolución no hace vislumbrar el final del conflicto. El problema radica en las malas relaciones entre el actual equipo de la consejería, dirigido por Javier Balza, y los departamentos forales de carreteras, que han hecho causa común en este asunto, aunque cada uno está gobernado por un partido diferente: PNV en Vizcaya, PP en Álava y EA en Guipúzcoa.

Como ejemplo, la Diputación de Vizcaya ya tenía firmado un convenio con la consejería hace años para coordinarse en cuanto al control del tráfico en las carreteras. Sin embargo, este acuerdo quedó sin efecto al abandonar Juan María Atutxa la consejería.

Los conflictos se extienden también a otros capítulos. Hace años que las tres diputaciones exigen al Gobierno que les entregue los datos completos sobre la siniestralidad en las carreteras, aunque Interior entiende que ya ofrece una información suficiente. Además, Guipúzcoa y Álava han puesto objeciones al Plan de Seguridad Vial, un ambicioso proyecto del Gobierno por el que se propone reducir la mortalidad en las carreteras en un 20% en un plazo de cuatro años.