El Gobierno y la Junta vuelven al acuerdo técnico logrado en 2001 para relanzar el traspaso de las políticas de empleo

Representantes del Gobierno central y la Junta acordaron ayer volver al punto en el que dejaron la negociación sobre el traspaso de las políticas activas de empleo hace dos años. Entonces, ambas Administraciones llegaron a un acuerdo técnico que incluía las cifras esenciales de la transferencia y pactaron la creación de grupos de trabajo para limar las pocas diferencias existentes. Faltaba el visto bueno final, pero las conversaciones se atrancaron y el Gobierno dio prioridad a otras autonomías, de modo que ahora sólo quedan por recibir estas competencias Andalucía, Murcia y el País Vasco.
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Representantes del Gobierno central y la Junta acordaron ayer volver al punto en el que dejaron la negociación sobre el traspaso de las políticas activas de empleo hace dos años. Entonces, ambas Administraciones llegaron a un acuerdo técnico que incluía las cifras esenciales de la transferencia y pactaron la creación de grupos de trabajo para limar las pocas diferencias existentes. Faltaba el visto bueno final, pero las conversaciones se atrancaron y el Gobierno dio prioridad a otras autonomías, de modo que ahora sólo quedan por recibir estas competencias Andalucía, Murcia y el País Vasco.

La directora estatal de Política Autonómica, Isabel Benzo, y el viceconsejero de Empleo, Antonio Fernández, coincidieron tras la reunión en el Ministerio de Administraciones Públicas en que la ponencia técnica había servido para "relanzar" las negociaciones, pero no se mostraron muy explícitos sobre el contenido de las mismas, habida cuenta de que el presidente de la Junta, Manuel Chaves, y el ministro de Trabajo, Eduardo Zaplana, se entrevistan hoy para tratar este mismo asunto.

"La reunión ha ido muy bien y la Junta ha ratificado el preacuerdo que existía, que determinará el marco general del traspaso", afirmó la directora estatal de Política Autonómica. "Se han desarrollado los acuerdos de 2001, que para nosotros eran el elemento básico de la negociación", reiteró el viceconsejero de Empleo.

El acuerdo al que hacen referencia ambas Administraciones incluye el traspaso de 1.627 funcionarios, 190 oficinas de empleo y dos centros regionales de formación. Además se pactó un pago único de 6,6 millones de euros para remodelaciones pendientes y 12,6 millones al año para sufragar gastos de personal y reponer materiales. Según Fernández, hay diferencias en esta última partida. Se constituirán de nuevo grupos de trabajo para aunar criterios en esta materia, así como para solventar los asuntos pendientes en el anterior proceso negociador (valoración y coordinación del sistema de informática, cesión del centro nacional de formación de Marbella).

Los grupos de trabajo también analizarán la cogestión de los 246 millones de euros con los que se financian los distintos programas encuadrados en las políticas activas (escuelas-taller, talleres de empleo, casas de oficio, agentes de desarrollo local) asignadas a Andalucía hasta la firma del traspaso, que el ministro de Administraciones Públicas, Javier Arenas, ha fechado para el 1 de mayo.