El juez desestima la querella contra Alierta por uso de información privilegiada
La acusación de AUGE se basó en un informe elaborado por Anticorrupción
El titular del Juzgado de Instrucción número 32 de Madrid, Juan Luis Rodríguez Pons, desestimó ayer la querella criminal presentada por la Asociación de Consumidores y Usuarios de Servicios Generales de Banca y Bolsa (AUGE) contra César Alierta, ex presidente de Tabacalera y actual presidente de Telefónica, por un presunto delito de uso de información privilegiada en la compraventa, en 1997, de acciones de Tabacalera. Fuentes de los querellantes anunciaron que presentarán un recurso de reforma y subsidiario de apelación esta semana.
El juez Rodríguez Pons decidió incoar a finales de nov...
El titular del Juzgado de Instrucción número 32 de Madrid, Juan Luis Rodríguez Pons, desestimó ayer la querella criminal presentada por la Asociación de Consumidores y Usuarios de Servicios Generales de Banca y Bolsa (AUGE) contra César Alierta, ex presidente de Tabacalera y actual presidente de Telefónica, por un presunto delito de uso de información privilegiada en la compraventa, en 1997, de acciones de Tabacalera. Fuentes de los querellantes anunciaron que presentarán un recurso de reforma y subsidiario de apelación esta semana.
El juez Rodríguez Pons decidió incoar a finales de noviembre de 2002 diligencias previas. La querella acusaba a Alierta, a su esposa, Ana Cristina Placer, y a su sobrino, Luis Javier Placer, de haber obtenido un beneficio de 309 millones de pesetas mediante la compra de títulos de Tabacalera a partir de mediados de agosto de 1997.
La querella de AUGE se basó, a su vez, en un proyecto elaborado por la Fiscalía Anticorrupción. Los títulos, decía el texto, sufrieron una revalorización superior al 100% en los meses que siguieron a la compra de la empresa norteamericana Havatampa, el 11 de septiembre de 1997.
AUGE, asimismo, acusaba en su querella a Antonio Alonso Ureba, jefe de los servicios jurídicos de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) en la época de los hechos, de un presunto delito de prevaricación porque un expediente sobre la operación fue archivado. Alonso Ureba pasó a ser secretario del consejo de Telefónica cuando Alierta fue nombrado presidente.
El fiscal general del Estado, Jesús Cardenal, consideró en un dictamen de fecha 13 de diciembre de 2002 que la operación no revestía caracteres delictivos y conminó a la Fiscalía Anticorrupción, que había propuesto presentar una querella, a no impulsar la acción penal.
El fiscal jefe de la Fiscalía Anticorrupción, Carlos Jiménez Villarejo, intentó, según se ha señalado, presentar una querella contra Alierta. El fiscal general del Estado se opuso. Si se observa el dictamen de Cardenal, la Fiscalía Anticorrupción no podría recurrir la decisión del juez. Fuentes solventes señalaron que Jiménez Villarejo someterá a nueva consulta con el fiscal general del Estado la situación procesal creada.