El PSE pide al Gobierno garantías para el pago de las pensiones alimenticias

El PSE-EE reclama al Gobierno en una iniciativa parlamentaria que ponga en marcha un programa de apoyo a los juzgados de familia para garantizar el pago de las pensiones alimenticias que se fijan en las sentencias de separación o divorcio.

La proposición no de ley, que defenderá la parlamentaria socialista Gemma Zabaleta, recuerda que desde 1990 se han registrado en Euskadi más de 35.000 separaciones, de las que resultan familias monoparentales encabezadas por una mujer en más de dos tercios de los casos.

Muchas de esas mujeres se enfrentan a serios problemas de inserción labora...

El PSE-EE reclama al Gobierno en una iniciativa parlamentaria que ponga en marcha un programa de apoyo a los juzgados de familia para garantizar el pago de las pensiones alimenticias que se fijan en las sentencias de separación o divorcio.

La proposición no de ley, que defenderá la parlamentaria socialista Gemma Zabaleta, recuerda que desde 1990 se han registrado en Euskadi más de 35.000 separaciones, de las que resultan familias monoparentales encabezadas por una mujer en más de dos tercios de los casos.

Muchas de esas mujeres se enfrentan a serios problemas de inserción laboral y sólo cuentan para subsistir ellas y sus hijos con las pensiones de alimentos o compensatorias que deben pasarles sus ex cónyuges. Pero el incumplimiento por éstos de las obligaciones establecidas en las sentencias es una modeda de uso corriente. "Se incumplen y no se recurren en muchas ocasiones por temor a las represalias, o por la lentitud o insuficiencia de la justicia", asegura la parlamentaria socialista. Los jueces reaccionan imponiendo multas que "no resuelven el problema y dejan a las mujeres en situación de impotencia", afirma Zabaleta.

Esa situación estaría dejando en la práctica "sin recursos a muchas mujeres y a sus hijos". En tanto la Administración de Justicia no resulte más eficaz, la proposición socialista busca que esos programas de apoyo que pide al Gobierno autonómico que ponga en marcha sirvan para establecer una "cooperación exhaustiva" con la víctima de la situación de impago por parte del ex cónyuge y para la exploración de todas las posibilidades que encierra la vía civil para lograr el pago de las pensiones.