La fiscalía presenta una denuncia contra el ex cónsul de España en Tetuán por la concesión de visados
La fiscalía de la Audiencia Nacional ha presentado una denuncia ante el Juzgado Central de Instrucción de guardia contra Antonio Navarro de Zuvillaga, ex cónsul de España en Tetuán (Marruecos) hasta finales de julio de 2002, en relación con la concesión de cientos de visados de turista a ciudadanos marroquíes que no lo eran.
La fiscalía de la Audiencia ha entendido que los hechos denunciados eran competencia de la Audiencia Nacional por tratarse de presuntos delitos cometidos por un ciudadano español en el extranjero.
La denuncia recoge los datos del informe aportado por el Minis...
La fiscalía de la Audiencia Nacional ha presentado una denuncia ante el Juzgado Central de Instrucción de guardia contra Antonio Navarro de Zuvillaga, ex cónsul de España en Tetuán (Marruecos) hasta finales de julio de 2002, en relación con la concesión de cientos de visados de turista a ciudadanos marroquíes que no lo eran.
La fiscalía de la Audiencia ha entendido que los hechos denunciados eran competencia de la Audiencia Nacional por tratarse de presuntos delitos cometidos por un ciudadano español en el extranjero.
La denuncia recoge los datos del informe aportado por el Ministerio de Asuntos Exteriores sobre las presuntas irregularidades detectadas en la legación diplomática. Esto es, que los empleados consulares, siguiendo instrucciones del ex cónsul, rellenaban las solicitudes de visado por parte de ciudadanos marroquíes -la mayoría de los cuales residía en Casablanca, es decir fuera de la demarcación del Consulado de Tetuán- y picaban (insertaban una etiqueta infalsificable) los pasaportes. Los solicitantes no acudían al Consulado, como es preceptivo, ni presentaban la documentación requerida para otorgar el visado (como los títulos de transporte, el extracto de la cuenta bancaria o la nómina), a pesar de lo cual nunca tuvieron problema en la obtención del visado correspondiente.
Según el informe, el ex cónsul Navarro de Zuvillaga, de 61 años, pagaba el importe de las tasas.
El número de visados obtenido por este procedimiento, según el informe, asciende a unos 300.
Los hechos denunciados, según la fiscalía de la Audiencia Nacional, podrían revestir los delitos de prevaricación (dictar a sabiendas resolución injusta) y cohecho (soborno), si bien, en medios de la Fiscalía se considera que el momento de la denuncia es prematuro para hablar de una calificación jurídica definitiva de los hechos.
La denuncia pasará ahora a reparto entre los seis Juzgados Centrales de Instrucción, al no haber ocurrido los hechos objeto de la denuncia en el transcurso de la última guardia.