Editorial:

Las tuercas de Mas

El conseller en cap de la Generalitat, Artur Mas, ha anunciado un paquete reglamentario para "apretar un poco las tuercas" en el desarrollo de la Ley de Política Lingüística, promulgada hace cinco años y de un sabor ya intervencionista. El candidato a suceder a Pujol ha incurrido en una enorme frivolidad. No sólo porque no ha presentado previamente una evaluación global y exacta del necesario desarrollo del idioma catalán que justifique la necesidad de nuevos reglamentos, sino porque la lengua es una materia tan seria y delicada que no debe utilizarse con espurios fines electoral...

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El conseller en cap de la Generalitat, Artur Mas, ha anunciado un paquete reglamentario para "apretar un poco las tuercas" en el desarrollo de la Ley de Política Lingüística, promulgada hace cinco años y de un sabor ya intervencionista. El candidato a suceder a Pujol ha incurrido en una enorme frivolidad. No sólo porque no ha presentado previamente una evaluación global y exacta del necesario desarrollo del idioma catalán que justifique la necesidad de nuevos reglamentos, sino porque la lengua es una materia tan seria y delicada que no debe utilizarse con espurios fines electoralistas, como es el caso.

A diferencia de la Ley de Normalización de 1983, que nació del consenso y se orientó hacia una estrategia incitativa, la de 1998 generó polémica y adoptó un tono conminatorio en el uso social del catalán. Pese a ello, y con alguna excepción en el ámbito universitario, la inteligencia de la sociedad civil y la moderación del presidente Pujol en su aplicación han evitado la explosión de conflictos.

Muchos datos apuntan a que el fomento de la lengua catalana cosecha éxitos: se ha triplicado en tres años su aprendizaje entre los inmigrantes; se consolida su presencia en los medios audiovisuales y en la edición; se amplía en ámbitos administrativos complejos; se generaliza la rotulación bilingüe en los establecimientos comerciales. Y todo debido mucho más a una sociedad dinámica y respetuosa que a la más reciente legislación discutida y discutible. Si todo eso es así, si funciona la incitación positiva, ¿para qué las tuercas, inspecciones y sanciones?

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Asociar la recuperación de una lengua perseguida por la dictadura y el enriquecimiento cultural de la ciudadanía a actuaciones conminatorias no es sólo un error: es erosionar el prestigio de la propia lengua que se dice defender.

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