Los maestros de prisiones exigen a la Junta que asuma ya sus nóminas

Son pocos, apenas una sesentena repartidos entre los 13 centros penitenciarios que existen en Andalucía, pero sus problemas son muchos, aunque, en su opinión, de fácil solución. Lo único que piden los maestros de prisiones es que tanto el Gobierno central como el andaluz acaben de una vez con el contencioso que se dilucida desde 1999 y que, a día de hoy, aún les mantiene en una especie de limbo administrativo que sólo les acarrea problemas de toda índole. Ese año, debido al desarrollo de la LOGSE y en virtud a un Real Decreto, a los maestros de prisiones se les integra en el Cuerpo de Maestros...

Son pocos, apenas una sesentena repartidos entre los 13 centros penitenciarios que existen en Andalucía, pero sus problemas son muchos, aunque, en su opinión, de fácil solución. Lo único que piden los maestros de prisiones es que tanto el Gobierno central como el andaluz acaben de una vez con el contencioso que se dilucida desde 1999 y que, a día de hoy, aún les mantiene en una especie de limbo administrativo que sólo les acarrea problemas de toda índole. Ese año, debido al desarrollo de la LOGSE y en virtud a un Real Decreto, a los maestros de prisiones se les integra en el Cuerpo de Maestros de Primaria del Ministerio de Educación, pero una disposición transitoria los deja bajo la tutela del Ministerio del Interior a la espera de que se complete el traspaso de las competencias a la Junta de Andalucía. Lo que parecía iba a ser cuestión de meses dura ya cinco años, tiempo en el que estos docentes, funcionarios de carrera, han tenido que aguantar todos los inconvenientes derivados de la anómala situación que padecen.

Y es que, desde 1999, el Ministerio de Interior tiene congelados los complementos salariales anuales que les corresponde y que, según apunta José Manuel Martín Maestro, profesor en el centro penitenciario Puerto II de Cádiz, "supone una pérdida mensual cercana a los 90 euros, unos 1040 euros menos al año de lo que cobran los maestros de primaria destinados en Andalucía. Y lo peor es que cuando se apruebe el traspaso de competencias esto no tendrá carácter retroactivo". Pero éste no es el único perjuicio que les causa hallarse en esta especie de limbo administrativo. "Tampoco tenemos derecho a participar en los concursos de traslado ni solicitar comisiones de servicio en otros centros, con lo que se vulnera de nuevo el principio de igualdad que se supone rige para todos los funcionarios", explica Martín Maestro.

En pleno debate nacional sobre el endurecimiento de las penas y la necesidad de salvaguardar el derecho a la reiserción social de los presos y cuando se anuncia la construcción de dos nuevas cárceles en Andalucía, Martín Maestro asegura no entender cómo la Junta aún no ha zanjado asumir las competencias sobre la educación en las prisiones.

"Cuando oímos noticias relacionadas con el tema penitenciario a nuestros políticos se les llena la boca a la hora de recordar que la reeducación y reinserción social de la población reclusa son los fines de la Ley Penitenciaria, pero a ninguno les interesa saber en las condiciones en las que nos mantienen desde 1999. ¿Hasta cuando nos van a tener en estas condiciones el señor Chaves y el señor Arenas?", se pregunta este maestro de prisiones.

Martín Maestro se queja del poco interés que por solucionar este asunto han mostrado la mayoría de los partidos políticos e incluso los sindicatos. Lo cierto, es que poco se ha avanzado en este asunto desde 1999. La Consejería de Educación de la Junta lo tiene apuntado en su agenda de "temas pendientes", al igual que el Ministerio de Educación, pero según Martín Maestro no han contestado ni una sola de las cartas que en demanda de información les han enviado. Desde entonces, sólo se tiene constancia, y así lo refleja la Agenda de Actividades Parlamentaria andaluza, de una pregunta sobre este asunto realizada por los representantes de Educación de IU a la consejera de Educación, Cándida Martínez en mayo del año pasado. La única institución que ha respaldado de pleno las demandas de los maestros de prisiones ha sido la Oficina del Defensor del Pueblo, que ya en su informe de 2000 mostraba su preocupación por la pérdida de calidad de la formación educativa en los centros penitenciarios que conllevaba esta anómala situación. "El panorama sigue siendo el mismo desde hace años y la transferencia no se ha producido, lo que viene acarreando diversos tipos de problemas en la actividad docente diaria que se traduce especialmente en la inquietud de los maestros por su futuro", recoge el Informe del Defensor del Pueblo de 2000.